PP defiende las medidas de movilidad del Consell de Mallorca y pide responsabilidad a la oposición que solo "hace ruido"

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido las medidas "reales" que está impulsando el Consel de Mallorca para afrontar los problemas de movilidad y sostenibilidad y ha pedido responsabilidad a la oposición que "no hace política, hace ruido".

En la rueda de prensa previa al pleno insular de este jueves, el portavoz adjunto de los 'populares' en el Consell, Bernat Vallori, ha puesto en valor el estudio de carga que el anterior ejecutivo "ni siquiera quiso autorizar".

Además, ha subrayado que se están mejorando las conexiones viarias, facilitando los accesos a Palma, promoviendo el transporte público e impulsando una ley pionera para limitar la entrada de vehículos.

"Pedimos responsabilidad y, sobre todo, que no se pongan trabas a las soluciones valientes que sí estamos dispuestos a llevar adelante. La crítica es legítima, pero la hipocresía no ayuda", ha dicho.

En esta línea, ha recriminado la "falta de rigor político y de seriedad" de la oposición, a quien ha acusado de usar los plenos para "hacer ruido" en lugar de construir propuestas útiles para la ciudadanía. Según Vallori, la izquierda presenta mociones de 23 puntos imposibles de debatir y "sin ninguna voluntad real de construir nada".

Para los 'populares', la situación actual que vive la Isla es resultado de ocho años de "dejadez e inacción" por parte del gobierno liderado por la socialista Catalina Cladera que, ha criticado el portavoz, ahora exige soluciones urgentes a los problemas que "ella misma ignoró".

En el pleno de este jueves el PP defenderá una moción para trasladar el apoyo de la institución a los jueces de paz ante la preocupación expresada por numerosos municipios por la reforma judicial aprobada por el Gobierno de España.

Sobre esta iniciativa, la consellera electa del PP Maria Garrido ha advertido que "con la 'Ley Bolaños' se desmantela la justicia de proximidad en los pueblos", reivindicando que no se puede permitir que los ciudadanos "pierdan servicios esenciales que hasta ahora funcionaban con eficacia y humanidad".