El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, y la consellera Magdalena García. - PP DE MALLORCA
PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP llevará su rechazo a la regularización extraordinaria de personas migrantes, que en Baleares podría alcanzar a unas 10.800 personas, al pleno del Consell de Mallorca alegando que tendrá un "impacto sobre la cohesión social y los servicios públicos".
Lo hará a través de una moción que se debatirá en la sesión plenaria de este próximo jueves y en la que tildan la medida, pactada entre el Gobierno y Unidas Podemos pero que nace de una iniciativa legislativa popular (ILP), de "improvisada, irresponsable y perjudicial para Mallorca".
La iniciativa ha sido presentada este martes por el portavoz adjunto del grupo 'popular' en la institución insular, Bernat Vallori, y la consellera Magdalena García.
Ambos han sostenido que la regularización extraordinaria de migrantes "vulnera el Estado de derecho, premia la ilegalidad y castiga a quienes cumplen la ley".
"Enviar el mensaje de que entrar de manera irregular acaba con una regularización es alimentar el efecto llamada y hacer el juego a las mafias que trafican con personas. Es una decisión que no tiene en cuenta ni la realidad insular ni la capacidad real de acogida e integración de nuestro territorio", ha dicho García.
La también vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Socialezs (IMAS) ha remarcado que la isla "ya soporta una presión muy elevada sobre los servicios sociales, la vivienda y los recursos públicos" y ha insistido en que "cualquier política migratoria debe ser ordenada, responsable y consensuada con las administraciones autonómicas y locales".
Según ha informado el PP de Mallorca en un comunicado, la moción señala que la regularización supondrá "un impacto directo sobre la capacidad de integración, los servicios públicos y la cohesión social de Mallorca".
Así, tratará de mostrar el rechazo del pleno a una regularización "irresponsable y perjudicial" y exigir su paralización inmediata para después abrir un diálogo al respecto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
También buscará instar al Gobierno a desarrollar una política migratoria "ordenada, segura y coherente, con control efectivo de fronteras y cooperación con los países de origen" y a garantizar que cualquier decisión tenga en cuenta "la capacidad real de integración de la sociedad mallorquina".
"No estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la improvisación y de las decisiones que ponen en riesgo la convivencia y los servicios públicos. Mallorca necesita políticas migratorias responsables, no anuncios ideológicos pensados desde Madrid sin escuchar al territorio", ha zanjado García.