El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS
PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha reclamado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la nueva semana de huelga de los médicos, que ha calificado como un "conflicto enquistado" por la "imposición" del Estatuto Marco.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha hecho esta reivindicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el tercer día de protestas de los sanitarios en este mes de abril.
Así, ha destacado que esta huelga que es "consecuencia directa" de la "falta de negociación, diálogo y voluntad de acuerdo" por parte del Ministerio.
El portavoz popular ha alertado que, tras tres semanas de movilizaciones, la situación es "especialmente grave" porque "nadie ha asumido responsabilidades" con consecuencias "ya son evidentes".
En este sentido, ha recordado que en Baleares ha habido 5.408 citas canceladas y 137 operaciones suspendidas, con el "impacto que tiene sobre la salud de las personas".
Ante este escenario, el PP Balears ha reiterado su exigencia de cese o dimisión de García, por su "incapacidad para dialogar y gestionar este conflicto".
También ha advertido que su actitud provoca "un deterioro directo" del sistema sanitario en Baleares y ha añadido que lo que ocurre es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno de España. "Cada cita y cada operación suspendida esta semana tiene responsables claros", ha afirmado Sagreras.
Asimismo, ha anunciado que el PP defenderá este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament una proposición no de ley centrada en esta problemática, al recordar que el sistema sanitario público es "un pilar esencial del Estado del bienestar" que depende directamente de los profesionales sanitarios.
Sagreras ha argumentado que el borrador del Estatuto Marco ha generado un "profundo malestar", ha provocado un "conflicto abierto" y "pone en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes".
En este sentido, ha subrayado que no se trata solo de "un problema laboral", sino de una cuestión de "interés general que afecta a toda la ciudadanía", ya que "empeora las condiciones laborales, reduce la motivación profesional y dificulta retener talento".