Los promotores y constructores de Baleares alertan de la "inseguridad jurídica" en la nueva ley de espacios naturales

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios y la Asociación de Constructores de Baleares han formulado alegaciones a la nueva ley de conservación de espacios de relevancia ambiental, que consideran "sobradamente imprecisa" y "ambigua", y auguran que conllevará una grave "inseguridad jurídica".

El Govern aprobó en junio el proyecto de ley, que permitirá, entre otras cuestiones, suspender licencias municipales y planes urbanísticos durante la tramitación de planes de ordenación de recursos, mediante resolución del Consell de Govern, para preservar los espacios naturales de amenazas.

En sendos escritos registrados en el Parlament para la tramitación de la norma, las patronales se oponen a la modificación planteada por el Govern entendiendo que otorga a la administración "facultades exorbitadas" y da "carta blanca para tomar decisiones careciendo de justificación" al basarse en conceptos excesivamente indeterminados y sin especificar.

Así, las entidades critican que la administración se faculte para paralizar actuaciones legales amparadas por licencia, ya que deja a los ciudadanos "en una posición de total inseguridad, aun cuando han conseguido los títulos habilitantes pertinentes"; y argumentan que, en el caso de que sean sin licencia, la normativa actual ya permitía evitar la actividad.

Además, respecto a las paralizaciones preventivas de explotaciones, avisan de que los afectados "podrían ver su explotación paralizada repentinamente sin ningún tipo de indemnización".

Asimismo cuestionan que estas medidas de prevención no tengan una duración máxima, y proponen que se fije un tope de dos años.

También advierten que se incrementa la burocracia en las tramitaciones. Por ejemplo, inciden en que la nueva norma pretende fijar en 90 días hábiles el plazo para que la Conselleria emita su informe medioambiental. En este sentido, avisan de que esto supone aumentar el plazo para emitir el informe --en la redacción anterior eran tres meses y ahora se habla de días hábiles--.