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PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha advertido que la nueva ordenanza municipal de urbanización, arbolado y espacios públicos "rebaja la obligatoriedad de arbolado" y "carga" sobre las comunidades de vecinos el mantenimiento de los espacios privados de uso público.
El PSIB ha votado en contra durante su debate en la Gerencia de Urbanismo y han criticado que la nueva normativa "no ofrezca ayudas y soluciones", según han explicado en un comunicado.
De este modo, el regidor del PSIB Pepe Martínez han considerado que la norma es "contraria al modelo que el PSIB siempre ha defendido", que se basaría en que el Ayuntamiento asuma los espacios privados y "no traslade de problemas la ciudadanía", porque, en vez de resolver, "añade más dolores de cabeza a los vecinos, sobre todo en las barriadas más sensibles".
"Hasta ahora, el Plan General exigía mantener el 70 por ciento de la cobertura arbórea originaria en la hora de hacer una obra. Con la nueva ordenanza, esta obligación se sustituye por una regla diferente, que es que se preserve el mayor número de ejemplares posibles al eliminar únicamente los estrictamente necesarios. Es decir, la edificabilidad primará por encima de los árboles porque se elimina la obligatoriedad de mantener un tanto por ciento de verde", ha sostenido.
Además, ha recalcado que en el caso de los espacios privados de uso público, con la nueva ordenanza, los propietarios de los pasajes, galerías y espacios privados quedan "obligados" a limpiar, reparar los pavimentos, accesibilidad, abrir al público y poner iluminación nocturna.
Los socialistas han aseverado que, si no lo hacen, "se les sancionará bajo amenaza de ejecución subsidiaria" por parte del Ayuntamiento con la repercusión de los costes de gestión y demás a las comunidades.
"El uso será público pero el coste será privado. La ordenanza no ofrece ninguna contrapartida, ni bonificaciones fiscales, ni convenios de conservación, ni ayudas. En Palma, hay numerosas zonas privadas de uso público como, por ejemplo, en Camp Redó y Verge de Lluc, entre otros. Se trata de barrios con edificios antiguos, puesto que hoy en día todo es espacio público", han recalcado.
Por último, han censurado que los "grandes operadores" solo tendrán que pagar un máximo de 3.000 euros si incumplen los plazos de soterramiento de las redes aéreas, la urbanización del suelo o la creación de nuevas zonas verdes, entre otros. En ese sentido, han recalcado que la Ley de Urbanismo prevé sanciones por el mismo concepto de entre el 150 y el 300 por ciento del coste que habría supuesto hacerlo, lo que supone "una rebaja muy considerable del importe por no hacer las cosas como toca".
Martínez ha acusado al PP de querer aprobar una ordenanza de arbolado que "se carga los árboles", por "eliminar las protecciones que tienen" y "reduce la cantidad".
"Además, abre la puerta a que los grandes infractores únicamente paguen 3.000 euros cuando antes tendrían que pagar centenares de miles de euros. Es decir, si una gran compañía eléctrica o una gran compañía de telecomunicaciones decide ignorar toda la normativa de alumbrado, pagará 3.000 euros", ha estimado.
Por lo que se refiere a las zonas privadas de uso público, el representante local ha recordado que dentro de este criterio entran trozos de acera y de parques que constan en las escrituras de los vecinos desde la antigüedad.
Por este motivo, ha pronosticado que el Ayuntamiento les dirá a los vecinos que tienen la "obligación" de mantener estos parques que figuren en las escrituras de las viviendas. "Es decir, o se encuentra la manera de pagar una derrama de decenas de miles de euros entre los vecinos para arreglar un trozo de parque, o el Ayuntamiento sancionará, multará y además cobrará los gastos de gestión", ha afirmado el regidor.