Archivo - Túnel de Sóller - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSIB ha pedido al equipo de gobierno del Consell de Mallorca que se "defienda hasta el final" ante la indemnización de 33,2 millones de euros que un juzgado le ha ordenado pagar por el rescate anulado del túnel de Sóller.
La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha considerado "lamentable" que el PP "intente convertir esta cuestión en un instrumento de confrontación política en plena campaña electoral cuando la responsabilidad institucional le corresponde".
"Quien debe defender ahora este caso es el actual equipo de gobierno del Consell y su presidente. Espero y confío en que lo hagan bien y que agoten todas las vías de recursos posibles porque lo que está en juego son millones de euros de los mallorquines que se tienen que defender hasta el final", ha incidido.
Cladera, según ha informado el PSIB en un comunicado, también ha expresado su desacuerdo con el auto judicial que ordena al Consell de Mallorca a pagar casi 17 millones de euros adicionales, elevando la indemnización por el rescate posteriormente anulado por el Tribunal Supremo (TS) hasta los más de 32 millones.
"Respetamos la justicia, pero lamentamos que esta resolución se haya decantado por el informe pericial de la concesionaria, que defendía la indemnización más elevada posible, en lugar de tener en cuenta los informes encargados por el Consell de Mallorca y elaborados por catedráticos de la UIB", ha dicho.
En cualquier caso, ha reivindicado el rescate del túnel de Sóller como "un precedente en la recuperación por parte de las instituciones públicas del control sobre las infraestructuras y los servicios esenciales".
"Es positivo que las instituciones no estén atrapadas por grandes concesionarias y que puedan recuperar capacidad de decisión sobre servicios que afectan directamente a la ciudadanía", ha defendido.
Cladera ha vinculado esta cuestión con la concesión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos que desde hace décadas ostenta Tirme, empresa que esta legislatura ha recibido aportaciones extraordinarias por más de 100 millones de euros pese a contar con informes negativos de la Intervención del Consell de Mallorca.
"Si Galmés quiere exhibir contundencia ante determinadas cuestiones, también la debería mostrar en otras que afectan a su gobierno. No se puede ser exigente solo cuando conviene políticamente", ha concluido la socialista refiriéndose al vicepresidente segundo de la institución, Pedro Bestard (Vox), quien sigue en su puesto pese a estar siendo investigado por un juez por malversación de recursos públicos.