El PSIB pide al Govern que retire el Decreto que regula la Ley de Turismo y se rehaga teniendo en cuenta a los Consells

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado este viernes las alegaciones al Decreto que regula la Ley de turismo pidiendo su retirada al Govern y que se rehaga uno nuevo teniendo en cuenta a los Consells Insulars, de "forma consensuada" con todas las administraciones implicadas, puesto que el actual "invade" competencias.

Así lo han comunicado en rueda de prensa este viernes la diputada Isabel Oliver y la consellera insular Mercedes Garrido, quienes han explicado que las instituciones insulares son los únicos órganos competenciales para desarrollar reglamentos que son de su competencia y "así lo ha dejado claro en otras ocasiones el Consell Consultiu".

Según ha expresado Garrido, el texto habla de "principios generales que sólo pueden marcar una serie de hitos y dejar el margen necesario a los Consells Insulars para poder regular de acuerdo a las especificidades de cada isla".

En este sentido, ha explicado que es este último punto el que no está contemplado en el Decreto, al tiempo que ha señalado que, además, el texto "también incluye normas de coordinación que no pueden ir por Decreto".

RECLAMAN A SALOM QUE "HAGA SU TRABAJO DE PRESIDENTA"

"Reclamamos a la presidenta del Consell de Mallorca, María Salom, que haga su trabajo de presidenta y defienda las atribuciones competenciales que le son propias", ha exigido Garrido, afirmando que "no es la primera vez que el Govern desprecia al Consell para desarrollar su legislación".

Por su parte, Oliver ha explicado que el tratamiento que la norma da a los alquileres turísticos es "inaceptable", puesto que "el requisito de pedir permiso a los vecinos y vecinas para poder llevar a cabo esta actividad turística es ilegal, anticonstitucional y va en contra de leyes como la de Arrendamientos Urbanos".

Además, la diputada ha criticado que "la ley sólo le cambió el nombre y este reglamento sólo plantea la posibilidad de hacer un registro de establecimientos que practican el todo incluido". En este sentido ha propuesto "una ratio de trabajadores fijos por plazas, unos planes de calidad y un tiempo mínimos de apertura al año por los establecimientos que hacen este tipo de comercialización".

Por otro lado, Oliver ha considerado "grave" la "nula" regulación de las actividades secundarias respecto a la principal, asegurando que "que como mínimo se debería contemplar que la actividad secundaria no pueda estar desligada de la primera, de modo que si una permanece cerrada la otra también".