La Sindicatura no encuentra evidencias de que Pilar Bonet replicara su estafa a Globalia en el Ayuntamiento de Llucmajor

   PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

   La Sindicatura de Cuentas no ha encontrado evidencias de que la exconsellera del Consell de Mallorca Pilar Bonet replicara su estafa a Globalia en el Ayuntamiento de Llucmajor.

    Así consta en el informe sobre las subvenciones y los contratos del Consistorio durante el periodo 2019-2022 que el organismo ha remitido este jueves tanto al Parlament, que fue el que lo solicitó, como al resto de personas y entidades afectadas por la fiscalización.

    El documento incluye, entre otras cuestiones, una revisión sobre el trabajo que Bonet desempeñó durante esos años en los que compatibilizó su relación laboral con Globalia con ser regidora de Hacienda y Contratación Pública del Ayuntamiento de Llucmajor.

    La política aceptó el pasado septiembre una condena de dos años de prisión por haber estafado más de dos millones a la empresa a través de la autorización de pagos a cuentas personales o bajo su control. Reconoció los hechos, alegando que padece un trastorno por compra compulsiva, y dimitió de su cargo como consellera de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca.

    La Sindicatura pretendía averiguar si las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo por Bonet en el ámbito privado las replicó en el ámbito público, partiendo de la base de que podría haber sucedido. No obstante, tras revisar las subvenciones, los contratos y el área de Tesorería, no ha obtenido evidencias de auditoría de que así fuera.

58 INCIDENCIAS RELACIONADAS CON BONET 

   Pese a ello, el organismo ha realizado una fiscalización acerca del cumplimiento de la actividad subvencionadora y de la contratación para comprobar si el Ayuntamiento de Llucmajor cumplió con la normativa aplicable.

    Para ello ha analizado una muestra tres subvenciones con convocatoria, once contratos no menores y 25 contratos menores, así como el área de Tesorería. Bonet participó, con diferentes grados de vinculación, en prácticamente la totalidad de las actividades revisadas.

    Pese a encontrar diferentes limitaciones, la Sindicatura ha identificado 58 incidencias (13 sobre subvenciones, 36 sobre contratación y nueve sobre tesorería) que permiten concluir que la actividad contractual y de fomento del Ayuntamiento "no resulta conforme a la normativa legal aplicable visto el efecto muy significativo del elevado porcentaje de contratos tramitados sin los preceptivos expedientes de contratación y por los incumplimientos vinculados al régimen jurídico del control interno identificados".

    En líneas generales, la Sindicatura ha constatado que en las convocatorias de subvenciones no se concretan las medidas de publicidad o no constan las correspondientes medidas de difusión.

    En todas ellas, además, ha encontrado una "incoherencia entre el alcance la subvención y los beneficiarios a los cuales va dirigida". Por ejemplo, en algunas subvenciones dirigidas a personas físicas, pequeñas empresas o microempresas se permitió la participación de compañías vinculadas a un grupo empresarial.

    Además, ha destacado la Sindicatura, el órgano instructor y "unipersonal" de todos estos procesos administrativos fue la propia Bonet. Eso, teniendo en cuenta su relación laboral con dos empresas del grupo Globalia, pudo suponer "la vulneración de los principios de objetividad, igualdad y no discriminación" dado que no se abstuvo de intervenir en los procedimientos.

    De hecho, en las subvenciones analizadas por el organismo, concurrieron varias compañías vinculadas con el grupo empresarial. En algunas de ellas resultaron beneficiarias, como en una de 2021 para impulsar la reactivación del municipio de Llucmajor.

    Los tres contendientes que recibieron un importe más elevado, de un total de 21.000 euros, fueron Globalia Call Center, Globalia Servicios Corporativos y Globalia Formación. Todas las concesiones de ayudas presentaban deficiencias en las bases, la convocatoria, la documentación previa, el procedimiento, la justificación y los pagos.

   Lo mismo sucedió en otra convocatoria dirigida a la modernización y la continuidad del sector económico de Llucmajor en la que --con las misas deficiencias-- Globalia Formación recibió 4.000 euros.

    La Sindicatura, además, da cuenta de numerosas ocasiones en las que Bonet firmó resoluciones administrativas pese a no ser competente para ello.

 LAS RECOMENDACIONES

   Teniendo todo esto en cuenta, la Sindicatura ha recomendado al Ayuntamiento de Llucmajor que revise las delegaciones de las competencias en materia de subvencione y gestión de gastos y apruebe tanto un plan estratégico de subvenciones por un periodo de tres años como el gasto con carácter previo a la convocatoria de la subvención.

    También que incluya en las convocatorias y las resoluciones de concesión de subvenciones el contenido mínimo establecido en la normativa vigente, motivar con suficiencia el resultado de la evaluación de las subvenciones, resolver los procesos en el plazo establecido o delimitar y separar las tareas propias de los órganos de gestión de los que corresponden al órgano interventor.

   Del mismo modo, por lo que respecta al área de Tesorería, el organismo ha recomendado al Consistorio que revise las cuentas bancarias de titularidad municipal para eliminar aquellas que no estén operativas y las firmas autorizadas para la disposición de fondos; que obtenga un certificado de titularidad de las cuentas de todos los acreedores antes de realizar los pagos; que controle las creaciones y los cambios de cuentas de pagos de terceros; o que revise la delegación de competencias para aprobar los planes de disposición de fondos y la ordenación de los pagos. 

LAS ALEGACIONES DE BONET

   La exregidora de Llucmajor, antes de la remisión y publicación del informe, presentó una serie de alegaciones en las que asegura que las subvenciones analizadas se concedieron para paliar el impacto económico derivado de la crisis del coronavirus y que siempre actuó conforme a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y separación funcional. 

   Durante el periodo estudiado, ha apuntado, mantenía una relación laboral con Globalia Handling que sin embargo no guardaba "relación funcional ni jerárquica" con las sociedades del grupo empresarial que se beneficiaron de las ayudas. 

   Eso, sumado al hecho de que ha alegado que no tuvo una participación directa ni un interés personal en el resultado de los procedimientos, hacen que sea imposible la existencia de un conflicto de intereses. 

   "No intervine en la tramitación ni en la evaluación de las solicitudes, solo ejercía las funciones representativas del cargo electo. Las resoluciones se adoptaron en base a los informes técnicos y las decisiones regladas, sin influencia personal ni beneficio económico", ha defendido. 

   También presentó alegaciones el propio Ayuntamiento, en las que rebate algunas de las incidencias que llevan a la Sindicatura a concluir que no se actuó conforme a la legalidad en determinados procedimientos administrativos. 

   El Consistorio ha sostenido que ha quedado acreditado su voluntad de adecuar todos los procedimientos internos a los principios de "legalidad, transparencia, eficiencia y buena administración". 

   Además, ha señalado que las incidencias identificadas corresponden a periodos anteriores a los procesos de reorganización y refuerzo del control interno y "no subsisten en la actualidad fruto de las medidas correctores y de modernización adoptadas".