Archivo - Personal de la Fundación de Atención a la Dependencia reclaman frente a la Conselleria una equiparación salarial - CSIF
PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel se concentrarán el próximo martes (11.00 horas) frente al Parlament para reclamar la equiparación salarial y mejora de condiciones laborales.
Según han informado los sindicatos, las fundaciones convocan conjuntamente para conseguir más participación que en las dos protestas que han realizado por separado los pasados 28 de mayo y 4 de junio.
Por un lado, los profesionales de los centros de menores con medidas judiciales reclaman percibir el complemento de penosidad que recoge su convenio colectivo y unas condiciones dignas para los trabajadores de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel, que gestiona los centros de Es Pinaret, Es Mussol, Es Fusteret y el Centro de Convivencia Es Pil·larí.
Un estudio psicosocial ha puesto de relieve el elevado índice de riesgo que padecen estos profesionales, y pese a ello el Govern "sigue sin abonar el complemento de penosidad previsto en el convenio colectivo desde hace seis años", lamenta el sindicato CSIF.
Eso, exponen, ha llevado a que incrementen las plazas vacantes sin cubrir y ha provocado un incremento de las cargas de trabajo, "limitando todavía más la capacidad de llevar a cabo la tarea educativa y de reinserción".
Por otra parte, los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia reclaman también retribuciones dignas y equiparación salarial para los más de 800 profesionales que atienden diariamente personas con dependencia, con discapacidad o problemas de salud mental en el archipiélago.
Según indican los sindicatos, los sueldos son tan bajos que están provocando la huida de profesionales a otros servicios, como el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), donde las retribuciones son más justas.
Durante el año 2024, explican, renunciaron voluntariamente 210 profesionales, una media de 17 bajas al mes. Y este año, el éxodo se ha intensificado y se registran 19 bajas cada mes. Esta huida de profesionales, advierten, provoca sobrecarga asistencial, desmotivación y un deterioro en la calidad de atención a las personas usuarias por falta de personal.
La protesta llega después de más de dos años de negociaciones. El año 2023 se firmó un acuerdo en el Tamib para iniciar la equiparación, pero la Dirección General de Función Pública ha bloqueado la aplicación progresiva en tres años que se había acordado, según el sindicato.