Tres años y medio de cárcel para un joven por violar a una compañera de trabajo con discapacidad en una fundación

Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior.
Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: jueves, 9 mayo 2024 13:04

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha aceptado este jueves una pena de tres años y medio de cárcel por violar a una compañera con discapacidad en la fundación en al que ambos trabajaban.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acogido este jueves una vista en la que la defensa, ejercida por el abogado Eduardo Gallego Poveda, ha cerrado un acuerdo de conformidad por el que el procesado ha reconocido los hechos y conseguido una rebaja en la pena que pedía la acusación.

Al joven se le ha aplicado una eximente incompleta de alteración psíquica, puesto que padece diversos trastornos y tiene reconocido un grado de discapacidad del 41 por ciento.

También se le han reconocido atenuantes de reparación del daño --ha consignado 2.000 euros para indemnizar a la víctima y la mutua de la fundación se hará cargo de otros 10.000 euros-- y de dilaciones indebidas --por el retraso acumulado en la tramitación de la causa, que ha tardado casi ocho años en llegar a juicio--.

Los hechos tuvieron lugar el año 2016. En virtud del acuerdo alcanzado, el joven ha admitido que aprovechó los momentos en los que se quedaba a solas con la víctima y la violó al menos en tres ocasiones agarrándola con violencia, en los baños del centro de la fundación. En otra ocasión se masturbó delante de ella.

Con la pena de cárcel, el joven ha aceptado una medida de internamiento durante tres meses para recibir tratamiento médico o educación especial. También se le impone una medida de diez años de libertad vigilada en los que tendrá que participar en programas formativos de educación sexual, y asume la obligación de seguir tratamiento médico y controles periódicos.

Además, se le impone una orden de alejamiento de 500 metros en favor de la víctima, con la que tampoco podrá comunicarse por ningún medio durante diez años; y la inhabilitación para trabajar con menores durante diez años.

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