UGT reclama aumentos de personal en el OAC Social y Extranjería ante la "improvisación política" de la regularización

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección de Servicios Públicos de UGT Baleares ha reclamado un incremento de las plantillas de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Social del Ayuntamiento de Palma y de la oficina de Extranjería, con "cobertura real" en Eivissa, para atender el proceso de regularización de migrantes.

La organización sindical ha reaccionado de este modo ante el "colapso" de estos servicios, lo que habría provocado "esperas excesivas" para las personas solicitantes y un personal "tomado como rehén" de "una decisión política de obstaculizar una norma estatal", según han explicado en un comunicado.

"El inicio del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras ha dejado al descubierto una realidad que UGT Servicios Públicos señala de forma reiterada. Los servicios públicos de Baleares llevan años funcionando al límite y cuando llega una situación excepcional, la primera respuesta de la Administración es dejar que las trabajadoras sean quienes aguanten el tirón", han recriminado.

Por eso han puesto el ejemplo de las OAC del Ayuntamiento de Palma, dado que desde que arrancó el proceso de regularización, la oficina ha recibido una "avalancha" de solicitudes de certificados de vulnerabilidad social, un documento que han calificado de "imprescindible" para acceder al trámite.

UGT ha argumentado que el equipo directivo "lo vio venir y propuso medidas de refuerzo" pero han recriminado que la "respuesta política" fuera negativa y que "se las apañaran con los mismos medios de siempre".

"Las consecuencias las pagan dos partes. Por un lado, las trabajadoras, que ahora mismo asumen una carga de trabajo inasumible sin ningún apoyo adicional. Por el otro, las personas que necesitan ser atendidas, como quienes cumplen los requisitos pero que quizá no podrán formalizar su solicitud a tiempo por culpa de unos plazos que el colapso administrativo hace inalcanzables", han planteado.

Otros ejemplos que han puesto son la "falta de incremento adecuado" en las oficinas de Correos, la Seguridad Social y la Oficina de Extranjería de Baleares, lo que hace "aún más evidente el abandono institucional".

En este último caso, han resaltado que la mitad de las plazas están "vacías" --38 de las 75 previstas y ninguna en Eivissa-- y con esperas de "120 días para tramitar un expediente", lo que le convertía en la oficina "con la peor situación de todo el Estado" antes de que empezara el proceso.

"La plantilla no se ha tocado desde 2006. En un solo año, entre 2024 y 2025, el volumen de expedientes creció un 41,6% y nadie ha movido ficha. Los salarios de los profesionales no llegan para pagar un alquiler en Baleares, las plazas quedan desiertas y el resultado es un servicio público que hace aguas por todos lados, mientras la Administración mira hacia otro lado", han criticado.

De este modo, han apuntado a las instituciones por ser "incapaces" de "aplicar adecuadamente las políticas que se adoptan en las sedes de la soberanía popular por falta de medios humanos".

El secretario general de UGT Servicios Públicos Baleares, Miguel Ángel Romero, ha subrayado que los ayuntamientos "deben cumplir la normativa estatal" y "garantizar los derechos de la ciudadanía sin poner trabas, ni retrasar su aplicación".

"Todas las administraciones han de adoptar medidas acordes con la demanda de servicios que se van a producir. Lo contrario es una irresponsabilidad", han reclamado.

Igualmente, ha sostenido que no se trata de un "problema logístico", ni de una situación "imprevisible", puesto que el proceso de regularización "se conocía con antelación, las necesidades eran evidentes y la Administración ha optado por la inacción".

"UGT no acepta que sea el personal de los Servicios Públicos algo parecido a un colchón sobre el que caigan todas las consecuencias de una mala planificación política, ni que las personas más vulnerables paguen el precio de una gestión que ha fallado antes de empezar", han remarcado.

Además de los aumentos de plantillas, el sindicato también pide ek cumplimiento de la normativa estatal por parte de "todas las administraciones implicadas" y la "protección efectiva" de las personas trabajadoras de atención directa ante "la sobrecarga que sufren.

"Las personas que hoy hacen cola merecen una respuesta digna y las trabajadoras que las atienden merecen hacerlo con los recursos que necesitan. Exigirlo no es pedir nada del otro mundo. Es, simplemente, cumplir con el deber que cada engranaje de la dirección política y Administrativa tiene encomendado", han reivindicado.