Los planes urbanísticos municipales deberán incorporar informes de sostenibilidad
PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Unió Mallorquina ha registrado en el Parlament una Proposición de Ley del Suelo en la que se eleva del 10 al 15 por ciento la cantidad de terreno que los promotores deberán ceder en cada solar que urbanicen a los ayuntamientos para la construcción de vivienda de protección pública, además del 30 por ciento que ellos tienen obligación de reservar para este tipo de vivienda.
El portavoz de UM en la Cámara autonómica, Bartomeu Vicens, aseguró que esta ley forma parte del acuerdo de gobierno y que, por tanto, no es una ley "en paralelo" a la anunciada por el presidente del Govern, Francesc Antich. Aunque subrayó que se trata de un texto "cerrado y firmado", afirmó que UM aceptará enmiendas del resto de grupos.
La aprobación de esta propuesta convertiría a Baleares en la primera Comunidad Autónoma en adaptarse a la nueva Ley estatal del Suelo y terminaría, dijo Vicens, con la "confusión e inseguridad jurídica" que se desprende de la existencia de más de una veintena de normas de regulación urbanística.
Vicens calificó la ley como "completa y clara" y explicó que entre sus principales novedades se encuentra el situar la sostenibilidad como criterio clave del desarrollo urbanístico y la transparencia y la participación ciudadana como elementos centrales de la gestión en este ámbito.
En concreto, apuntó que para aprobar los planes urbanísticos municipales será obligatorio la incorporación de un informe de sostenibilidad --criterios de protección del entorno, suficiencia del suministro hídrico, etcétera-- y otro medioambiental, sobre el que se tendrá que llevar a cabo un seguimiento y una supervisión. "La elección de las áreas de crecimiento, que hasta ahora era discrecional, se deberá justificar y evaluar si es posible", aclaró.
Asimismo, la Proposición incluye la figura del patrimonio público del suelo, implantada por la Ley estatal y que supondrá la imposibilidad para los consistorios de canjear ese porcentaje de suelo de cada promoción urbanística por una compensación económica. "Obliga al ayuntamiento a recibirlo de manera neta, sin coste de urbanización", indicó.
Según Vicens, además de simplificar de manera significativa los procedimientos administrativos, incide en el cumplimiento de la disciplina urbanística y apuesta por la cohesión social, al favorecer la dispersión de las viviendas protegidas por todas las nuevas construcciones.
Finalmente, el diputado de UM Josep Melià explicó que la ley no incorpora la figura del agente urbanizador, reservando esta labor a la administración en caso de conflicto entre distintos propietarios de un solar, y sí mantiene el sistema tradicional de juntas de cooperación y de colaboración con los ayuntamientos.
