Unidas Podemos pide al Gobierno un análisis de la legalidad de las tarjetas 'revolving'

La diputada de Unidas Podemos e impulsora de la iniciativa, Antnia Martín.
La diputada de Unidas Podemos e impulsora de la iniciativa, Antnia Martín. - UNIDAS PODEMOS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 23 diciembre 2020 13:22


PALMA DE MALLORCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament en la que reclama al Gobierno que analice la legalidad de las tarjetas 'revolving'.

En una nota de prensa, la formación ha detallado que el objetivo es "proporcionar una mayor protección de los consumidores frente a las cláusulas que podrían ser abusivas" de este tipo de tarjetas.

Así, la formación ha considerado que el Ejecutivo debe velar por la protección de los usuarios en cuanto a las penalizaciones en el caso de impago por parte de los deudores, la resolución por vencimiento anticipado del préstamo, la imputación de pago para la satisfacción de la deuda o las formas de pago y el tipo de interés de la tarjeta.

Asimismo, Unidas Podemos ha pedido con esta iniciativa que se prohíba que las cuotas mensuales de las tarjetas 'revolving' sean "inferiores a los intereses generados, para que no se generen intereses sobre los intereses".

La diputada de la formación e impulsora de la iniciativa, Antnia Martín, ha destacado que "las tarjetas de crédito son cada vez más utilizadas y más en épocas como la de Navidad".

Además, ha indicado que, a causa de la crisis de la COVID-19, se está desplazando cada vez más "el pago de dinero en metálico" y, por ello" es fundamental que los consumidores "conozcan su funcionamiento y los derechos que les asisten cuando las utilizan".

"Las tarjetas 'revolving' pueden usarse en dos modalidades: pago total o pago aplazado", ha afirmado la diputada de Unidas Podemos, quien ha resaltado que, en el segundo caso, se generan intereses que pueden ser "muy elevados y perjudicar seriamente la economía de las familias".

Ante ello, Martín ha aseverado que la Administración Pública "debe actuar frente a cualquier tipo de abuso o desinformación que puedan sufrir los consumidores".

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