BANGKOK, 28 Ene. (Reuters/EP) -
Los acreedores internacionales han aceptado cancelar la mitad de la deuda de la que es titular Birmania, lo que se traduce en una reducción de unos 6.000 millones de dólares (4.458 millones de euros), según ha informado este lunes el Gobierno del país asiático.
El Club de París --formado por los principales prestamistas internacionales-- ha decidido cancelar la mitad de los pagos pendientes de Birmania.
Otros países han seguido, a título individual, este ejemplo, y han decidido condonar parte de la deuda birmana. Así, Noruega ha cancelado 534 millones de dólares (396 millones de euros) y Japón 3.000 millones de dólares (2.229 millones de euros).
Estos movimientos se han producido después de que Birmania saldara sus deudas con el Banco Mundial y con el Banco Asiático de Desarrollo, gracias a la ayuda de otros países, como Japón, lo que permitirá reanudar los programas de crédito bilateral.
El pasado 19 de enero, el Gobierno de Birmania solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le ayude a implementar el plan anual que ha elaborado para materializar las reformas económicas previstas como parte de la segunda etapa de la transición democrática.
En respuesta, el FMI advirtió de que la transición de Birmania hacia una economía de mercado será larga, aunque apuntó que a corto plazo las condiciones son "favorables" y a medio plazo el futuro es "prometedor".
Entre los riesgos, la institución financiera señaló el excesivo nivel de endeudamiento público y la escasa capacidad del Gobierno para implementar reformas para el desarrollo económico y social y para acabar con la violencia étnica y religiosa.
El Gobierno de Thein Sein inició a mediados del año pasado una serie de reformas económicas, tras concluir una primera etapa de transición democrática, en la que se ha centrado en impulsar cambios políticos.
Desde que llegó al poder, en marzo de 2011, tras la disolución de la Junta Militar, Sein ha celebrado elecciones legislativas, liberado a cientos de presos políticos, legalizado los sindicatos, flexibilizado la censura mediática e impulsado un diálogo de paz entre las minorías étnicas y religiosas.
En respuesta, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Australia han comenzado a derogar las sanciones que impusieron a la Junta Militar por violar los Derechos Humanos, aunque han advertido de que para su derogación definitiva, el Gobierno debe completar la transición democrática.