SÍDNEY, 21 Ene. (Reuters/EP) -
La protesta iniciada la semana pasada por cientos de solicitantes de asilo encerrados en un centro de detención de Papúa-Nueva Guinea sigue en marcha, a pesar de que el Gobierno de la isla había dicho lo contrario, según han informado activistas este miércoles.
"Retiran sistemáticamente de los complejos a gente que considera que actúan como líderes. Quiero decir que (las autoridades) creen que pueden descabezar el movimiento retirando a varias personas, pero no es el caso", ha dicho Ian Rintoul, director ejecutivo de Refugee Action Coalition.
El portavoz del Ministerio de Inmigración de Papúa-Nueva Guinea aseguró el martes que el fin pacífico de la protesta en el centro de detención de la isla de Manus fue negociado para permitir que los solicitantes de asilo recibieran atención médica.
El propio Rintoul detalló la semana pasada que la huelga de hambre fue iniciada en protesta por la futura recolocación de los solicitantes de asilo en una nueva instalación presuntamente más insegura.
La isla de Manus es una de las regiones más pobres de Papúa-Nueva Guinea, y los residentes han protestado en numerosas ocasiones por el hecho de que los refugiados sean recolocados en comunidades en las que la tasa de desempleo ya es muy elevada.
El Gobierno australiano utiliza centros de detención en Papúa-Nueva Guinea y Nauru para retener a los solicitantes de asilo que intentan entrar al país, frecuentemente en barcazas facilitadas por traficantes de personas que les cobran una importante cantidad por la travesía.
El centro de detención en la isla de Manus, en el que ha tenido lugar la protesta, fue escenario en febrero de 2014 de unos disturbios que se saldaron con la muerte de un solicitante de asilo de nacionalidad iraní y con más de 70 heridos.
NUEVA LEGISLACIÓN
El Senado aprobó en diciembre por un estrecho margen un proyecto de ley que introduce nuevos cambios a las leyes migratorias del país, entre los que figura la reintroducción de los controvertidos visados temporales para refugiados.
El texto, aprobado con 34 votos a favor y 32 en contra, permite a los refugiados vivir y trabajar en Australia entre tres y cinco años, pero les niega una protección permanente.
En respuesta, el ministro de Inmigración, Scott Morrison, acordó aumentar el número de refugiados que pueden entrar de forma anual al país en 7.500, conceder a los solicitantes de asilo que cuentan con 'visados puente' el permiso de trabajo, y sacar a todos los niños de los centros de detención en la isla de Christmas.
La nueva legislación garantiza una protección a los refugiados de tres años, pero la misma podría ser rescindida en caso de que las autoridades australianas consideren que las situaciones en sus países de origen han mejorado.
La nueva legislación contempla además la entrega de visados temporales durante un periodo de cinco años para que los refugiados vivan y trabajen en áreas regionales, y que podría desembocar en la entrega de un visado permanente.
Unos 16.000 solicitantes de asilo llegaron a Australia en 220 barcos en los siete primeros meses de 2013, pero el Gobierno afirma que ha habido solo una llegada "ilegal" desde diciembre de ese año. Cientos de solicitantes de asilo se han ahogado en los arriesgados viajes, en su mayoría desde Indonesia, debido al naufragio de las embarcaciones precarias.
