AI advierte de que la orden de desalojo de los campamentos de protesta en El Cairo puede causar nuevos abusos

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha advertido este jueves de que la decisión del Gobierno de Egipto de ordenar el desalojo de los dos campamentos de protesta de los partidarios del expresidente Mohamed Mursi en El Cairo, que las autoridades consideran "una amenaza a la seguridad nacional", puede derivar en "nuevos abusos y derramamientos de sangre".

El Gobierno provisional egipcio catalogó este miércoles como "amenazas para la seguridad nacional" los dos campamentos levantados por los simpatizantes de Mursi en El Cairo y ordenó al Ministerio de Interior que "ponga fin" a dichas protestas.

Según Amnistía, el Gobierno no ha precisado de momento qué medidas se van a tomar para reducir al mínimo los enfrentamientos, las posibles pérdidas de vidas y las lesiones graves.

Por ello, a juicio de la directora adjunta del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía, Hassiba Hadj Sahraoui, la decisión del Ejecutivo podría derivar en "nuevos abusos", teniendo en el "uso excesivo y letal de la fuerza" que ha caracterizado a las autoridades egipcias en el pasado.

"Tanto las autoridades como las fuerzas de seguridad deben adoptar un enfoque que evite el uso de la fuerza y se base en 'métodos de persuasión, negociación y mediación' tal y como recomiendan los estándares internacionales", ha proseguido. "Las fuerzas de seguridad no deben recurrir al uso de armas de fuego a menos que exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", ha agregado Hadj Sahraoui.

VIOLENCIA DE LOS MANIFESTANTES

La organización ha puntualizado que en las últimas semanas los partidarios de Mursi también han cometido actos violentos, como torturas, y han utilizado armas con munición letal.

"El uso de la violencia por parte de algunos manifestantes no debe ser un pretexto para impedir que otras personas ejerzan su derecho a la protesta pacífica", ha declarado la directora adjunta del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África.

"Se trata de un derecho humano que las autoridades egipcias tienen obligación de respetar" y "la decisión de dispersar cualquier reunión debe tomarse solamente en último recurso", ha añadido.