AI denuncia que la justicia internacional siga siendo "esquiva" con las víctimas de Afganistán

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes que en 2019 los civiles afganos han continuado pagando la guerra en curso y ha lamentado que la justicia haya continuado demostrando "ser esquiva" con las víctimas, pues el Tribunal Penal Internacional (TPI) se ha negado en varias ocasiones a llevar a cabo una investigación de los crímenes contra el Derecho Internacional en Afganistán.

"El conflicto armado en Afganistán no se está acabando, se está ampliando, y las personas que siguen pagando el precio son civiles afganos", ha insistido el director adjunto de AI para Asia del Sur, Omar Waraich.

De acuerdo con las cifras que baraja la ONG, 2.563 personas murieron a causa de la guerra y 5.675 resultaron heridas, siendo el periodo entre los meses de julio y septiembre los más mortíferos.

Waraich ha alertado de que las violaciones contra los Derechos Humanos han sido "tan graves y numerosas" que no se puede tener un registro estable, pero ha culpado a ambas partes del conflicto, fuerzas del Gobierno y rebeldes armados por igual, en especial contra los ataques contra las mujeres, que junto a los niños --2.400 menores muertos--, son los sectores más vulnerables.

"Sigue habiendo un desprecio impactante por la vida humana desde todos los lados. Hay grupos armados que han cometido crímenes de guerra y fuerzas gubernamentales responsables de la muerte de las mismas personas que se supone que deben proteger ", ha manifestado Waraich.

La mayoría de los ataques, ha explicado AI, fueron llevados a cabo por grupos armados, como los talibán, o el autoproclamado Estado Islámico en Khorasan, pero ha especificado que durante los primeros seis meses de 2019, las fuerzas gubernamentales y de los aliados internacionales fueron responsables del mayor número de muertes de civiles, según una delegación de Naciones Unidas en Afganistán.

"En 2020, el mundo debe librarse de su indiferencia ante este conflicto de larga duración y proporcionar al pueblo de Afganistán la protección que necesita y la justicia que se le debe", ha reclamado Waraich.

DEFENSORES DE LOS DDHH OPERAN BAJO AMENAZAS

Amnistía Internacional también ha puesto de relieve la difícil situación a la que tienen que hacer frente los trabajadores y defensores de los Derechos Humanos que operan en Afganistán, pues tienen que hacerlo bajo amenazas e intimidaciones y, en los peores casos, ante la posibilidad de ser secuestrados o asesinados.

AI ha citado el caso de Abdul Samad Amir, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, secuestrado y asesinado en septiembre de 2019 por los talibán. Hasta el momento, ha denunciado la ONG, nadie ha sido responsabilizado de este crimen "de guerra".

No obstante, estos trabajadores no sólo tienen que hacer frente a los grupos terroristas, también a las fuerzas y a los funcionarios del Gobierno. Como muestra, la detención "arbitraria" de Musa Mahmudi y Ehsanulah Hamidi por parte del principal departamento de Inteligencia de Afganistán cuando denunciaron una supuesta red de pedofilia en la provincia de Logar, en el este de Afganistán.

DEVOLUCIONES FORZADAS

AI ha denunciado también de que en 2019, el panorama internacional "continuó dando la espalda a los afganos que habían buscado refugio" fuera de sus fronteras. Algunos países, ha contado, como Irán o Pakistán "devolvieron por la fuerza" a medio millón de personas.

La ONG no sólo ha señalado a los países vecinos de Afganistán de ejercer estas prácticas, pues ha apuntado hacia Europa también, en donde, ha dicho, varios países como Turquía, tienen acuerdos con el Gobierno afgano para repatriar sus ciudadanos, pese a los "graves riesgos" que eso supone para su seguridad.