BANGKOK, Oct 28 (Reuters/EP)
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno australiano que forme una comisión pública que investigue unas denuncias que vinculan a altos mandos del país con una red de trata que hacía regresar las pateras de los solicitantes de asilo. El Gobierno, que mantiene una fuerte política anti-inmigratoria, ha negado los hechos.
En junio, la Policía polinesia arrestó al capitán de un navío y a dos miembros de su tripulación que confesaron haber sido pagados por enviar a 65 solicitantes de asilo de vuelta a Indonesia. Aunque el Gobierno australiano negó toda relación, el incidente desencadenó un gran debate parlamentario que afectó tanto a Yakarta como a la ONU.
Ahora, Amnistía ha entrevistado a todos los adultos del buque, incluidos seis miembros del equipo que confesaron a los investigadores que los mandatarios australianos les pagaron 32.000 dólares por devolver a refugiados de Sri Lanka, Bangladesh y Birmania.
En otro caso, la organización también ha señalado cómo los oficiales de dos barcos australianos --uno de la Marina y otro de Fronteras-- trasladaron a los pasajeros y a la tripulación a dos lanchas dándoles únicamente "un poco de combustible", un GPS y un mapa básico, con lo que pusieron sus vidas en peligro. En su informe, Amnistía apela a que se incluya en la investigación este segundo caso de presuntos pagos a traficantes.
"Todas las evidencias disponibles señalan que los dirigentes australianos han cometido un crimen transfronterizo al dirigir, en efecto, a un grupo de contrabandistas, pagándoles e instruyéndoles sobre cómo y dónde desembarcar en Indonesia", ha afirmado la investigadora de Amnistía Anna Shea. "La trata de personas es un crimen generalmente asociado a agentes privados, no gobiernos --pero, en este caso, tenemos las suficientes evidencias de que los mandatarios dirigían las operaciones, aunque no estaban involucrados", ha añadido la cooperante.
Amnistía ha urgido a Australia a establecer una investigación pública para, asimismo, supervisar de manera independiente las operaciones de control fronterizo. La organización ha publicado anuncios en dos periódicos del país, apelando al primer ministro, Malcolm Turnbull, a formar la comisión.
EL GOBIERNO NIEGA LOS CARGOS
Las autoridades continúan negando repetidamente los cargos. Las personas interceptadas en las embarcaciones son "retenidas en condiciones legales, seguras, humanas y apropiadas" por las Fuerzas Fronterizas (ABF) y las Fuerzas de Defensa (ADF) australianas, ha señalado una portavoz del Gobierno.
"Sugerir otra cosa, como ha hecho Amnistía, es arrojar calumnias sobre los hombres y mujeres del ABF y el ADF", ha criticado la portavoz del Ministerio de Inmigración y Control Fronterizo en un 'email' enviado a Reuters. Según esta representante, las operaciones transfronterizas se adaptan a la legislación y obligaciones tanto nacionales como internacionales.
No obstante, Australia se ha caracterizado por mantener una dura política sobre inmigración desde que jurara detener a los refugiados que arribaran a sus costas, devolviendo las pateras a Indonesia cuando pudiera y conteniendo a los solicitantes de asilo en los campos de las islas del Pacífico Sur, como Papúa Nueva Guinea y Nauru.
En agosto, el ministro de Inmigración del país, Peter Dutton, afirmó que las autoridades habían devuelto 20 pateras en 18 meses y evitado que 633 personas llegaran al país.
A principios de mes, las políticas radicales australianas eclipsaron la oferta de anexión al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues en el país se generó un debate sobre una refugiada embarazada somalí que denunció haber sido violada.
