MÉXICO DF, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las alcaldías de una treintena de municipios del estado mexicano de Guerrero siguen ocupadas por los activistas, que mantienen sus protestas por la desaparición de los estudiantes 'normalistas' de Ayoztinapa, en unos hechos que tuvieron lugar en el municipio de Iguala hace más de cuatro meses.
La mayoría de estas localidades viven en una situación de parálisis administrativa, con gobiernos en el exilio o trabajando en sedes alternativas, según detalla el diario local 'Milenio', que indica que hay alcaldes que se han transformado en "nómadas", sin lugar fijo para despachar y escondiéndose de las protestas.
"No nos dejan ni siquiera entrar a buscar los papeles para cobrar el predial --impuesto sobre la propiedad o posesión inmobiliaria--", ha lamentado el edil Victoriano Wences, del municipio de Tlapa, donde los maestros de la Coordinadora Estatal de Guerrero (CETEG) han comenzado a recaudar sus propios impuestos al comercio ambulante.
En Acapulco, la ciudad más importante del estado, la administración municipal también se ha visto trastocada y el alcalde, Luis Uruñuela, tiene que trabajar desde un despacho sin ordenador ni teléfono en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. En cualquier caso, asegura que "el gobierno sigue funcionando".
Por todo el estado, edificios clave para la administración, entre ellas alcaldías, cuarteles policiales u oficinas electorales, se encuentran cerradas u ocupadas, sin funcionar desde hace más de 100 días. "Al Legislativo nos llegan quejas recurrentes porque la prestación de servicios se ha visto afectada", ha denunciado el diputado Héctor Apreza, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado.
El próximo mes de junio más de la mitad de los estados del país, incluido Guerrero, renovarán gobiernos en unos comicios que serán organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Se elegirán nueve gobernadores, 1.009 alcaldes y 641 legisladores.
Sin embargo, el órgano electoral de México ya dijo a mediados de enero que analiza "reajustar" el calendario de elecciones en el estado sureño de Guerrero, ante el temor ante posibles brotes de violencia.
