WASHINGTON, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sostenido que la decisión de las autoridades venezolanas de inhabilitar durante 15 años al líder opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos es "una medida típica de una dictadura".
"Se trata de una medida típica de una dictadura que viola los derechos civiles y políticos", ha escrito en Twitter. "El único que inhabilita es el pueblo y por elecciones", ha remachado el ex canciller uruguayo.
Capriles ha anunciado este viernes por la misma red social que le han comunicado que ha sido inhabilitado, aunque no ha desvelado las razones, y ha atribuido esta decisión al "autogolpe" del Gobierno de Nicolás Maduro.
La Contraloría General ha sancionado esta semana a Capriles con el pago de una multa de diez dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda", algo que el gobernador estatal interpretó como un intento de "inhabilitación" política.
La institución venezolana, encargada de vigilar a los servidores públicos, investiga además a Capriles por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de un escándalo de pago de sobornos para conseguir obras públicas en toda la región.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ha acusado a Capriles de instigar los disturbios en los que desembocó la marcha opositora celebrada el pasado martes en Caracas para denunciar un "golpe de Estado" por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En este contexto, los dirigentes opositores han expresado su respaldo al gobernador de Miranda. "Derrotemos unidos y ahora la dictadura para que todos los venezolanos recuperemos nuestros derechos", ha escrito en Twitter María Corina Machado.
Capriles es uno de los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ha sido su candidato presidencial en las últimas elecciones, por lo que su inhabilitación dejaría a la coalición opositora sin una de sus principales bazas de cara a la cita electoral de 2019.
CRISIS INSTITUCIONAL
El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
