MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ONG pro Derechos Humanos Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades de Guinea Ecuatorial, en el 40 aniversario del mandato de su presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que pongan fin inmediatamente a décadas de abusos y violaciones de derechos humanos tales como tortura, detenciones arbitrarias y homicidios, que conforman un conjunto de "atrocidades".
"Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se han violado de manera constante y sistemática", ha manifestado Marta Colomer, encargada de campañas senior de Amnistía Internacional para África Occidental.
El presidente ecuatoguineano llegó al poder el 3 de agosto de 1979, tras un golpe de Estado contra el presidente Francisco Masie Nguema. Desde entonces, condena Amnistía, "ha presidido un alarmante declive de la situación de los derechos humanos, que ha incluido tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de activistas", actos documentados todos ellos por Amnistía Internacional a lo largo de los años.
"La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de Derechos Humanos tales como el encarcelamiento, por cargos falsos, de defensores y defensoras de los Derechos Humanos, activistas y políticos de oposición", ha añadido.
Aunque en septiembre de 2006 el Parlamento aprobó una ley que prohibía la tortura y que entró en vigor en noviembre de ese año, Amnistía denuncia que la Policía ecuatoguineana sigue torturando de forma habitual a las personas detenidas para obtener confesiones.
"A menos que el Gobierno tome medidas significativas para hacer cumplir la ley, respetar plenamente los Derechos Humanos y poner fin a la represión, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial seguirá creciendo. Esta situación debe terminar", insiste Colomer.
COLGADOS POR LOS PIES
Joaquín Elo Ayeto, activista y miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS), fue detenido el 25 de febrero de este año en su casa de Malabo y llevado a la Comisaría Central de Policía.
Según testimonios recogidos por Amnistía, mientras estaba en la comisaría lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La Policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente. Elo Ayeto sigue detenido a día de hoy.
Este no es el único caso de "atrocidades", como las describe Amnistía, documentadas por la ONG entre 1988 y 2009. Entre ellos se encuentran los de 10 miembros del partido político Unión Popular detenidos y torturados en las comisarías de Policía de Bata y Malabo en febrero y marzo de hace una década.
Un detenido dijo al juez de instrucción que, en una ocasión, lo habían atado al suelo y le habían ofrecido dinero para que "confesara". En otra ocasión, la Policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Aunque el detenido dio los nombres de quienes presuntamente lo habían torturado, no se realizó ninguna investigación, y no se llevó a nadie ante la justicia.
Amnistía Internacional también ha documentado la tortura de 15 presos que fueron puestos en libertad después de que sus condenas se redujeran en una vista de clemencia en agosto de 1988.
Entre ellos se encontraba el preso de conciencia Primo José Esono Mikali, a quien le ataron los brazos y las piernas juntos a la espalda, provocándole un doloroso arqueo de la espalda. Lo colgaron del techo con una cuerda, y perdió temporalmente el uso de las extremidades.
Los demás presos fueron sometidos a formas similares de tortura, a veces con una pesada piedra colocada sobre la espalda arqueada. Los presos describieron asimismo cómo los colgaban por los pies y les sumergían la cabeza en un cubo de agua sucia, hasta semiasfixiarlos, y también los torturaban con descargas eléctricas.
También se tiene constancia de torturas contra miembros del grupo étnico bubi, población indígena de la isla de Bioko, en la parte más septentrional de Guinea Ecuatorial. En 1998, muchos bubis fueron torturados para hacerlos confesar tras haberlos detenido después de que lanzaron varios ataques contra cuarteles militares en los que murieron tres soldados y varios civiles.
Las mujeres bubis también fueron humilladas públicamente en el patio de la comisaría de Policía de Malabo. A algunas las obligaron a nadar desnudas en el lodo delante de otras personas detenidas, y a otras las sometieron a abusos sexuales. Según los informes, al menos seis personas detenidas murieron tras haber sido torturadas.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Las ejecuciones durante el Gobierno del presidente Obiang comenzaron un mes después del golpe de Estado que lo llevó al poder y han continuado; según los informes que señalan entre los responsables tanto a militares como a policías.
Se dictaron condenas a muerte contra siete hombres, entre ellos el ex presidente Masie Nguema el 29 de septiembre de 1979. Menos de cinco horas después, todos ellos fueron fusilados.
En enero de 2014 fueron ejecutados nueve hombres declarados culpables de asesinato, 13 días antes de que se dictara una moratoria temporal de la pena de muerte.
LOS NIÑOS NO ESTÁN EXENTOS
Las atrocidades del régimen de Obiang Nguema no terminan con los adultos. El 5 de febrero de 2015, decenas de niños y niñas formaron parte de los 300 jóvenes detenidos arbitrariamente y golpeados tras las protestas durante la Copa Africana de Naciones en Malabo. La mayoría fueron detenidos en sus casas por la noche, o en calles alejadas del estadio de fútbol.
Todos ellos fueron conducidos a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde recibieron entre 20 y 30 latigazos cada uno y fueron recluidos en celdas saturadas y mal ventiladas ocupadas por presuntos delincuentes adultos. A algunos detenidos los pusieron en libertad cuando sus familias pagaron sobornos a la policía. El 13 de febrero, los detenidos comparecieron ante el tribunal y quedaron todos en libertad sin cargos.
Más recientemente, en febrero de 2019, Amnistía Internacional destacó la falta de respeto y de cumplimiento por parte de las autoridades de los compromisos que habían formulado respecto a garantizar el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los periodistas a trabajar en un entorno libre de intimidación, acoso, violencia y detenciones arbitrarias.
Ciento doce personas fueron declaradas culpables durante un juicio colectivo que tuvo lugar en la ciudad de Bata por un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. La declaración de culpabilidad estuvo llena de irregularidades procesales y de decisiones en contra de la defensa.
A pesar de una resolución judicial que pedía su liberación inmediata desde abril de este año, Bertin Koovi, opositor político y activista de Benín, continúa bajo custodia de la policía en la ciudad de Bata.
"Durante décadas, la represión de la disidencia ejercida por el presidente Nguema ha tenido un efecto devastador y escalofriante en los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los activistas políticos. Estas personas han sufrido ataques persistentes exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación", ha manifestado Marta Colomer.
"Ya es hora de que el presidente Nguema cierre este atroz capítulo del historial de derechos humanos de su gobierno y encabece una nueva era en la que los derechos humanos se respeten, protejan, promuevan y realicen de manera completa y efectiva", ha concluido Colomer.
