MADRID, 21 Mar. (Alma Martín y Valeria Méndez de Vigo, Entreculturas)
Este lunes se celebra el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Este año se centra en identificar los desafíos y logros de la Declaración y del Programa de Acción de Durban, que cumplen 15 años y que constituyen el marco más integral para combatir la discriminación racial, la xenofobia y toda forma de intolerancia por parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, este aniversario coincide con un momento de aparente riesgo de involución en los logros conseguidos, como muestran, por ejemplo, los más de 200.000 casos de desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia extranjera en República Dominicana o la respuesta de la Unión Europea a la hora de abordar la llegada de personas refugiadas y migrantes a sus fronteras.
En República Dominicana, la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional privó de su nacionalidad de forma retroactiva a decenas de miles de personas de ascendencia haitiana convirtiéndolas en apátridas y sin permitirles ejercer sus derechos más básicos, como los de educación, sanidad o libertad de tránsito. "Tu propio país te pone una barrera....no puedes estudiar, ni trabajar sin tu cédula de identificación", explica Elena Lorac, del movimiento "Reconoci.do", que aglutina a las personas afectadas y reclama la restitución plena de la nacionalidad dominicana a aquellos que han sido privados de ella y un registro civil sin discriminación. "Tuvimos mucho rechazo, nos trataban como inmigrantes, extranjeros", sostiene.
Según el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado recientemente, el Estado dominicano debe adoptar las medidas necesarias para evitar que la sentencia 168/13 continúe produciendo efectos jurídicos y restaurar plenamente el derecho a la nacionalidad de todas las personas afectadas por la sentencia. Además, señala la preocupación por el nivel de violencia generado por la intolerancia y los discursos racistas en el país, así como por las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13.
Las personas dominicanas de ascendencia haitiana son descendientes de los antiguos migrantes que, procedentes de Haití, vinieron a República Dominicana a cortar la caña de azúcar, viven en bateyes y son reconocibles como descendientes de haitianos por su color de piel, más oscuro, y por sus apellidos de origen francés. El informe sostiene que "han sido discriminadas en su derecho" a la nacionalidad por el estatus migratorio y origen nacional de sus padres. Aunque a través de la Ley 169/14, el Estado dominicano realizó acciones para responder a la situación de las personas afectadas, lo cierto es que, tras casi dos años desde su promulgación, las soluciones distan mucho de ser satisfactorias.
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En este sentido, de las personas inscritas en el Registro Civil a su nacimiento (las del denominado Grupo A), a las que según la ley, debía restituirse su nacionalidad de manera automática, apenas se está iniciando recientemente la entrega de documentos y hay ya muchas reclamaciones.
En cuanto a las personas no inscritas (del llamado Grupo B) para las que la ley preveía un procedimiento de naturalización, menos de 9.000 de las estimadas 53.000 personas habrían iniciado dicho procedimiento.
De este lado del Atlántico, en Europa, nos encontramos con una situación que también choca con el espíritu de lo establecido en Durban. Sin duda, Europa se enfrenta a un gran reto con la llegada de más de un millón de personas solicitantes asilo y un aumento de las manifestaciones de racismo y xenofobia que están adquiriendo reconocimiento político, moral y jurídico, tal y como se ha visto en las últimas elecciones regionales en Alemania o, con anterioridad, en Francia, Polonia, Suecia o Finlandia.
La respuesta y la política internacionales, incluida la asistencia financiera para las personas refugiadas y desplazadas, no deben basarse en la discriminación por motivos de su raza, color u origen nacional o étnico. No combatir y denunciar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia es un factor que alienta su perpetuación y es una tarea de todos atajarlas, especialmente de las autoridades públicas y de los representantes políticos.
Precisamente es en las situaciones de crisis donde el consenso plasmado en tratados internacionales nos da las pautas de cómo actuar. De esta forma, la Declaración de Durban, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y las demás normas de Derecho Internacional son el marco normativo de protección a nivel nacional e internacional de las personas refugiados. Por ello, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no puede obviar estos principios.
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Si bien tras las movilizaciones de la sociedad civil en contra de las expulsiones colectivas de refugiados, el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía se ha edulcorado en este punto, los principios de devolución rápida y masiva, la consideración de Turquía como un país seguro o la exclusión de refugiados que no sean sirios en el plan "uno por uno" ('por cada inmigrante expulsado a Turquía, Europa se compromete a reubicar en su territorio a un refugiado sirio asentado en Turquía') siguen planteando dudas sobre su legalidad y su eficacia.
Aunque los Estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, definir los requisitos de ingreso, estancia y expulsión de los extranjeros de su territorio y de establecer sus políticas en materia de migración, las políticas, leyes y prácticas deben respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, en base a su dignidad y a las normas internacionales a las que se han comprometido, no sólo en la letra del ley, sino, sobre todo, en su espíritu.
En el décimoquinto aniversario de Durban todavía hay mucho camino por recorrer en el que unos y otros siguen reclamando justicia y exigiendo poder ejercer sus derechos legítimos: los dominicanos siguen luchando por tener lo que les corresponde por derecho y los que huyen de sus casas, cruzando el mar a riesgo de sus propias vidas, siguen buscando un refugio.
Representantes políticos y sociedad civil debemos afrontar esta situación y luchar para que se cumplan los derechos de todas las personas, sobre todo, de las más vulnerables. Mirar para otro lado, poner parches o "retorcer" las leyes solo hará que el problema se agrave.
