El expresidente egipcio Hosni Mubarak saluda desde una celda
STRINGER . / REUTERS
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2015 10:56

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Casación de Egipto ha anunciado este jueves el aplazamiento hasta el 21 de enero de 2016 del juicio contra el expresidente Hosni Mubarak por su responsabilidad en el asesinato de manifestantes durante las manifestaciones contra su régimen en 2011.

Según las informaciones facilitadas por el diario local 'Al Masry al Youm', el tribunal ha ordenado además que la repetición del juicio contra él en este caso sea trasladado a "un lugar adecuado", en lugar del edificio del Tribunal Supremo.

Mubarak, de 87 años de edad, fue condenado en 2012 a pena de muerte por su responsabilidad en la muerte de manifestantes, si bien las autoridades ordenaron la repetición del juicio tras el proceso de apelaciones.

A pesar de que el juez cifró los fallecidos durante la revolución en 239, las estimaciones de ONG apuntan a que más de 800 personas perdieron la vida --y más de 6.400 resultaron heridas-- en el transcurso de los enfrentamientos que finalmente acabaron con el derrocamiento de Mubarak.

El veredicto, sin embargo, no implicó que Mubarak abandonara la cárcel, ya que en estos momentos cumple una condena de tres años de prisión por la apropiación de fondos públicos.

Los altos cargos de Mubarak condenados tras la revolución están siendo absueltos en las repeticiones de sus juicios y apelaciones, lo que, junto a las duras leyes de seguridad aprobadas por el Gobierno que encabeza Abdelfatá al Sisi ha hecho temer un regreso al antiguo régimen.

El clima político en el país, marcado por la represión contra Hermanos Musulmanes y los grupos revolucionarios que encabezaron las protestas que provocaron la caída de Mubarak se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados --cientos de ellos a muerte-- por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.

Al Sisi ha hecho uso de la lucha antiterrorista para dotar de una pátina de legitimidad a su Gobierno, aprovechando el temor en la comunidad internacional al avance de los grupos extremistas para recortar derechos y libertades en nombre de la seguridad.

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