Apoyo Crónica Corrupción.- La percepción de la corrupción en España alcanza niveles desconocidos desde 1999

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), medido por Transparencia Internacional, vuelve a mostrar este año un empeoramiento de la situación en España, que ha alcanzado valores desconocidos desde 1999. Con una nota de 6,8 sobre 10, la corrupción derivada del sistema urbanístico, fruto del sistema de financiación de las administraciones locales, sigue siendo la 'espina' en España.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe entre los funcionarios y los políticos, a través de encuestas de opinión a expertos realizadas por una gran variedad de instituciones independientes y acreditadas.

En concreto, según este estudio, España ha bajado 3 décimas respecto a 2005, cuando fue calificada con un 7, mientras que en 2004 recibió un 7,1. "Salimos de la zona del notable y estamos en el aprobado alto", explicó el presidente de la división española de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, en la presentación del informe del IPC 2006.

Con dicha puntuación, España aparece en el puesto número 23, de un total de 163, por debajo de países como Estados Unidos, Chile, Japón y Singapur. En el marco de la Unión Europea, nuestro país aparece en una posición central, por encima de Portugal, Grecia e Italia.

Sin embargo, los datos muestran un descenso de España hasta posiciones desconocidas desde 1999, por lo que "deberían llevar a los poderes públicos y a los Gobiernos a reflexionar y tomar medidas", según el catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos, Manuel Villoria.

Villoria destacó que para la elaboración de este informe se utiliza la valoración de expertos, que "no están condicionados por las noticias", por lo que si destacan un "empeoramiento de la situación" en sus percepciones, éste no se deberá "a las noticias que aparecen en prensa" sobre corrupción.

El catedrático consideró que los "poderes públicos deberían reaccionar inmediatamente como se hizo en 1994-1995 con la creación de la Fiscalía Anticorrupción", ya que la corrupción es "como un cáncer que en el momento en que empieza a expandirse sigue y sigue avanzqando y daña a las instituciones y a la democracia".

En este sentido, el secretario general de la Fundación Ortega y Gasset, asociada en España a Transparencia Internacional, Jesús Sánchez Lambás, consideró que los poderes Ejecutivo y Legislativo, "controlados por los partidos políticos", deberían alcanzar un "pacto de Estado" para combatir la corrupción, especialmente en el sector urbanístico, ya que "crea bastante alarma social" y está "manchando la imagen de la corrupción en España.

Sánchez Lambás destacó que el hecho de que afloren en estos días casos de corrupción en el sector urbanístico no indica que se estén produciendo ahora más casos y aseguró "no hay que demonizar el sistema español".

Asimismo, Villoria aseguró que la Administración española es "muy honesta" y cuenta con buenos y mejorados sistemas de control, pero es en la Administración local y en el sector vinculado a ella del urbanismo donde se observa "el deterioro".

'CONVENIOS URBANÍSTICOS'

Por su parte, Lizcano subrayó que si bien la corrupción asociada al enriquecimiento personal de miembros de estas administraciones locales "debe ser despreciable", lo "relevante" es la peculariedad del sector urbanístico asociada a ellas y en concreto el sistema de los 'convenios urbanísticos', un modelo "impredecible y arbitrario" que no cumple con los requisitos de transparencia requeridos.

En concreto, el catedrático se refirió a la memoria de la Fiscalía General del Estado, que muestra cómo en 2004 los delitos que tienen que ver con el urbanismo crecieron un 6,7%, mientras que en 2005 el incremento de estas causas fue del 62,65%.

Por ello, Transparencia Internacional está trabajando en una serie de proyectos destinados a la sensibilización y la presión para la toma de acciones, como son la elaboración de un Índice de Transparencia de los Ayuntamientos y la petición al Gobierno español de que elabore una Ley de Acceso para la Información Pública, existente en la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea, y que sólo no existe en Italia, Grecia, Luxemburgo y España.