Arabia Saudí y otros siete países condenan la decisión de Israel de reforzar su control en Cisjordania

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de ocho países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han condenado este lunes la "ilegal" decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

El comunicado, firmado por Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, "condena en los términos más firmes las decisiones ilegales y las medidas de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí ilegal, ahondar la actividad en los asentamientos y aplicar una nueva realidad legal y administrativa en la Cisjordania ocupada".

Así, han indicado que el objetivo es "acelerar los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino", al tiempo que han reseñado que "Israel no tiene soberanía en los territorios palestinos ocupados", según el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores saudí a través de redes sociales.

Por ello, han advertido contra "las políticas expansionistas y las medidas ilegales del Gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región", antes de reiterar su "absoluto rechazo a estas acciones ilegales, que suponen una violación flagrante del Derecho Internacional y socavan la solución de dos Estados".

Los firmantes, que han reiterado su apoyo a la creación de un Estado palestino, han insistido en que las medidas de Israel son "nulas" y en que "constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", que "condenan todas las medidas israelíes destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del territorio palestino desde 1967".

En esta línea, han subrayado "la necesidad de poner fin a la ocupación israelí y la nulidad de la anexión de los territorios palestinos", antes de pedir a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades legales y morales y fuerce a Israel a detener esta peligrosa escalada en la Cisjordania ocupada y las declaraciones de incitación emitidas por sus funcionarios".

"La materialización de los derechos legítimos del pueblo palestino a la autodeterminación y a contar con un Estado, a partir de la solución de dos Estados (...) sigue siendo el único camino para lograr una paz justa y exhaustiva que garantice seguridad y estabilidad en la región", han zanjado los ocho países firmantes del comunicado.

La medida, aprobada por el gabinete de seguridad de Israel, llevó a los ministros de Finanzas y Defensa de Israel, Bezalel Smotrich e Israel Katz, respectivamente, a destacar que esta reforma supone un cambio "dramático" en Cisjordania, con medidas como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

Smotrich y Katz explicaron que el objetivo es "eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento". "Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel", adelantaron.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una "autoridad municipal específica" para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

Por otra parte, la iniciativa amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación, unos pasos criticados duramente por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).