Artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos: Derecho a la vida cultural, artística y científica

Niños afganos juegan delante de donde estaban los budas de Bamiyán
REUTERS / AHMAD MASOOD
Actualizado 07/12/2018 12:56:42 CET

   El estado de los Derechos Humanos en el 70 aniversario de la Declaración Universal

   GINEBRA, 7 Dic. (Por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos) -

   Los Budas monumentales de Bamiyan, unas estatuas de entre 10 y 16 pisos de altura talladas a partir de acantilados de arenisca, inspiraron reverencias y admiración en el centro de Afganistán durante 15 siglos hasta que los talibán las hicieron añicos en 2001. En 1993, durante la guerra bosnia, Stari Most, el elegante y arqueado puente otomano que dio al pueblo de Mostar su nombre, fue deliberadamente elegido como el blanco de un bombardeo de proyectiles de artillería, haciendo caer el monumento protegido de 427 años al río Neretva.

   Cuando grupos armados de atacantes quieren hacer que decaiga la moral de los civiles o de las fuerzas opositoras, a menudo destruyen deliberadamente símbolos del patrimonio cultural.

   El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) ayudó a sentar las bases para que lo descrito con anterioridad fuera reconocido como un crimen de guerra. En una sentencia histórica en septiembre de 2016, el Tribunal Penal Internacional (TPI) declaró a Ahmad Al Faqui Al Mahdi, miembro del grupo armado que opera en Mali, en Ansar Dine, culpable de un crimen de guerra por atacar construcciones históricas y religiosas en Tombuctú. Fue condenado a nueve años de prisión.

   Esta fue la primera vez que la destrucción de sitios culturales fue perseguida como un crimen de guerra en el TPI, abriendo la puerta a la esperanza para que se persigan más casos así, especialmente contra miembros de Estado Islámico que llevaron a cabo destrucciones indiscriminadas de muchos monumentos culturales y religiosos en territorios del norte de Irak y de Siria.

   El caso de Al Mahdi en el TPI fue el primero en el que alguien fue acusado de destruir patrimonio cultural como un crimen de guerra independiente. Otros tribunales han acusado a individuos de destrucción criminal de sitios de patrimonio cultural, incluyendo la destrucción del puente en Mostar, pero sólo como una ofensa adicional unida a crímenes de guerra más establecidos como las ejecuciones sumarias y la tortura.

   Todos los mausoleos que Ahmad Al Faqi Al Mahdi ayudó a destruir, salvo uno, eran Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, y la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, ha descrito esta táctica de guerra como "limpieza cultural" para desgarrar a las comunidades.

   Según la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos culturales, Karima Bennoune, "la destrucción de la propiedad cultural con intenciones discriminatorias puede ser procesada como un crimen contra la humanidad, y la destrucción intencional de propiedades y símbolos culturales y religiosos también puede ser considerada como prueba de la intención de destruir a un grupo conforme a la definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".

   El artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar de los avances científicos y sus beneficios y a ser valorada por su trabajo. Este artículo se refiere con rotundidad a los derechos culturales como derechos humanos para todos. Éstos se relacionan con la búsqueda del conocimiento y el entendimiento, y con las respuestas creativas ante un mundo en constante cambio. Un prerrequisito para implementar el artículo 27 es asegurar las condiciones necesarias para que todas las personas puedan involucrarse de manera continua en el pensamiento crítico y tener la oportunidad de cuestionar, investigar y contribuir con ideas, sin importar las fronteras.

PROTECCIÓN DE GRUPOS MINORITARIOS

   Una de las grandes metas no alcanzadas de la malograda predecesora de la ONU, la Liga de las Naciones, fue la protección de los grupos minoritarios. Charles Malik, el redactor libanés que hizo importantes contribuciones a la DUDH durante su redacción entre 1946 y 1948, defendió fuertemente los derechos de los grupos minoritarios. Quería asegurarse de que los miembros de las comunidades minoritarias estuvieran protegidos ante formas extremas de asimilación. Al final, la Declaración no incluye un artículo separado dedicado a los derechos de los miembros de grupos minoritarios, pero el término "cultura" se entiende también como referente al "modo de vida" de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Se trata de preservar la diversidad.

   El artículo 27 está estrechamente relacionado con los artículos 22 y 29 al afirmar que los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables para la dignidad humana y para el desarrollo de la personalidad humana. Juntos muestran la determinación de los redactores de la DUDH para no sólo garantizar estándares mínimos básicos, sino para ayudarnos a todos a convertirnos en mejores personas. Estos tres derechos fueron posteriormente consagrados en otros tratados internacionales incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por 169 Estados.

   El artículo 27 también cubre un tema diferente, como es la preocupación de que toda persona tenga derecho "a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten" que ha sido atacado recientemente, particularmente en debates sobre cambio climático y enfermedades.

CAMBIO CLIMÁTICO

   En algunos círculos, el tema de si los humanos causan el cambio climático o si el cambio climático tan siquiera existe, es tratado más como un tema de creencia personal que de ciencia rigurosa. Publicaciones científicas ya han lanzado la voz de alarma ante lo que una de ellas describió como "el alza de un populismo antagónico ante la influencia de los expertos." En 2018, un grupo de 58 expertos escribió una carta abierta condenando el sentido del equilibrio fuera de lugar creado por "una falsa equivalencia entre un abrumador consenso científico y un grupo de presión, fuertemente financiado por intereses particulares" que crea dudas a propósito. El cambio climático es real, declararon: "Necesitamos, de manera urgente, avanzar en el debate sobre cómo enfrentarnos a las causas y efectos del peligroso cambio climático" porque la alternativa, dijeron, será "catastrófica".

   El escepticismo sobre la ciencia, o la pseudociencia, puede costar vidas, como lo ilustra trágicamente la presión a los padres y madres para no vacunar a sus hijos contra enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas tras exitosas campañas de vacunación. La OMS dice que entre 2000 y 2017, 21 millones de vidas fueron salvadas gracias a la vacuna contra el sarampión. Pero entre 2016 y 2017, los casos reportados de sarampión subieron en un 30%, en parte por padres y madres que se negaron a vacunar a sus hijos dadas las falsas afirmaciones sobre sus riesgos. Sólo en 2017, la OMS estima que 110.000 niños murieron por dicho virus.

   De la misma manera, anteponer los intereses comerciales al bien común también puede llevar a la pérdida de vidas, como cuando las políticas de patentes y precios de suscripción para publicaciones especializadas hacen del conocimiento y su aplicación algo inaccesible para quienes lo necesitan. Esto se aplica para la medicina, pero también para la producción de comida, la arquitectura, la ingeniería y muchos otros ámbitos.

((Este es uno de una serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948)).

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