BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton, y el comisario de Ampliación y Política de Vecindad Europea, Stefan Füle, han manifestado su "preocupación" por la sentencia que condena a 43 empleados de ONG extranjeras en Egipto a penas de cárcel que van de uno a cinco años porque "envía una señal negativa sobre el trabajo de la sociedad civil".
"Seguiremos de cerca el proceso judicial de este caso", han advertido ambos en un comunicado conjunto.
Ashton y Füle han defendido que "la sociedad civil tiene un papel crucial que jugar en la transición democrática en marcha en Egipto" y debe poder "operar libremente", al tiempo que han recordado que "la UE ha estado trabajando activamente con la sociedad civil egipcia y ha desarrollado varios proyectos de mucho éxito que promueven los Derechos Humanos universales".
"Queremos reiterar el compromiso de la UE para trabajar estrechamente con todos los actores para garantizar que la legislación de las ONG sea adoptada plenamente en línea con los estándares internacionales y los compromisos de Egipto", han defendido ambos.
Un tribunal penal de El Cairo condenó este martes a 43 cooperantes y activistas, entre ellos 19 estadounidenses, a penas de uno a cinco años de prisión por trabajar para ONG no registradas ante las autoridades de Egipto, según informa el diario gubernamental 'Al Ahram'.
En total, 27 de los imputados, que han sido juzgados en ausencia, han sido condenados a cinco años de prisión, mientras que cinco han sido condenados a dos años de cárcel y otros once han recibido una pena de un año suspendida.
El tribunal también ordenó el cierre de cinco ONG extranjeras y la confiscación de sus fondos: las estadounidenses Freedom House, International Republican Institute (Instituto Internacional Republicano), National Democratic Institute (NDI, Instituto Nacional Demócrata), y el Centro Internacional para Periodistas Journalists (ICFJ), así como la alemana Fundación Konrad Adenauer (KAS), según 'Al Ahram'.
Los 43 trabajadores de ONG habían sido llevados a juicio en diciembre de 2011 acusados de obtener ilegalmente fondos extranjeros y no registrar sus operaciones ante el Gobierno egipcio. El caso generó una crisis en las relaciones entre El Cairo y Washington, que amenazó con suspender su ayuda militar de 1.300 millones de dólares anuales.
Tanto Estados Unidos como la UE han mostrado su preocupación por el proyecto de ley en Egipto para regular la actividad de las ONG.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha afirmado este miércoles que el nuevo proyecto de ley remitido ante el Parlamento por el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, "supone un golpe mortal para la sociedad civil independiente" del país.
En base a la ley propuesta, toda organización que quiera registrarse oficialmente deberá notificar al Ministerio de Asuntos Sociales, que puede presentar objeciones. "Este procedimiento supone una autorización previa, lo que va contra los estándares internacionales", ha argumentado AI.
Asimismo, el artículo 13 determina que toda ONG que busque financiación extranjera ha de notificar su decisión al comité de coordinación, que podrá aprobar o rechazar la solicitud. Bajo la legislación actual, las autoridades han denegado o aplazado este tipo de financiación para restringir el trabajo de las ONG en el país.
Por otra parte, el borrador contempla que las ONG entreguen de forma anual copias de sus informes, programas y fuentes de financiación a la Unión Regional y el Ministerio de Asuntos Sociales, que podrían llevar cualquier queja ante los tribunales.