MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, ha expresado este domingo su "gran preocupación" por la represión de las protestas celebradas durante la semana contra el decreto-ley por el que se limita drásticamente el derecho de manifestación y reunión y las últimas sentencias contra manifestantes.
"El uso de la fuerza, los arrestos y las sentencias desproporcionadas sólo pueden impedir la transición del país hacia la democracia. Estas medidas, incluyendo la nueva ley de manifestaciones, violan los derechos y aspiraciones del pueblo egipcio y nunca garantizarán la seguridad de la población", ha agregado.
La nueva legislación ha provocado una oleada de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). A las mismas se han sumado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay.
Además, ha sido criticada por Estados Unidos, que ha afirmado que "quiere que la transición en Egipto hacia una democracia inclusiva tenga éxito". "Pedimos al Gobierno interino que respete los derechos individuales y solicitamos que la nueva Constitución los proteja", dijo.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores egipcio describió las declaraciones de Washington como "una clara injerencia en los asuntos internos del país". "Es normal que todos los países, especialmente los de gran peso internacional, presten atención a los acontecimientos en un país como Egipto, pero eso no permite la violación de ciertas líneas o hacer comentarios de decisiones relacionadas con asuntos internos", remachó.
La norma impone duras sanciones económicas para las congregaciones de manifestantes no autorizadas. Además, habilita a las fuerzas de seguridad a emplear balas de goma "sin condiciones" contra los manifestantes.
La ley fue remitida por el Gobierno hace dos semanas al presidente y ha sido muy criticada por los grupos de defensa de los Derechos Humanos, que no han dudado en calificarla de "represiva" puesto que no protege el derecho a la libertad de reunión.
La aprobación de esta ley es especialmente sensible en Egipto, donde desde 2011 las movilizaciones populares y las manifestaciones en las calles han propiciado la caída del Gobierno del expresidente Hosni Mubarak tras décadas en el poder y el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Mursi tras intensas protestas y un golpe de Estado que puso fin a su presidencia el 3 de julio de este año.
