Publicado 26/09/2022 19:40

Los auditores de la UE piden a Bruselas vigilar que los 27 refuercen los controles a la pesca ilegal

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Archivo - Bandera UE - Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Archivo


BRUSELAS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA) ha reclamado este lunes reforzar los controles en los Estados miembros para frenar la pesca ilegal en Europa, ante un escenario en el que la falta de armonización de sanciones y controles dificulta los trabajos para combatir este fenómeno.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos y daña los esfuerzos para una gestión sostenible de la pesca, ha indicado el informe de los auditores europeos, que alerta que las medidas en marcha para mantener bajo control la pesca ilegal no son tan eficaces por la forma desigual en que los Estados miembros aplican los controles y sanciones.

Los auditores recomiendan que la Comisión Europea vigile que los Estados miembros refuercen los sistemas de control para evitar la importación de pesca ilegal y apliquen sanciones disuasorias contra la pesca ilegal tanto en aguas de la UE como fuera de ellas.

El informe recuerda que la UE es el principal importador de productos pesqueros, con un 34 por ciento de la cuota mundial, y que ha incumplido el compromiso de acabar con la actividad ilegal en 2020, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible.

"La UE tiene sistemas de control en marcha para dificultar que la pesca ilegal llegue a los consumidores, pero pese a estos controles, muchos productos acaban en los platos de los ciudadanos de la UE", ha lamentado Eva Lindström, la auditora autora del informe.

"Una razón clave es que los controles y las sanciones se aplican de manera desigual por parte de los Estados miembros", ha alertado, después de que el informe haya constatado las diferencias entre Estados miembros.

En países como Chipre, Lituania y Estonia la multa media por infracciones relativas a capturas ilegales era de 200 euros, en España asciende hasta los 7.000 euros, lo que a juicio de los auditores europeos demuestra que queda margen para alinear medidas y hacer que sean suficientemente disuasorias en toda la UE.

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