CANBERRA 27 Nov. (EP/AP) -
La comisión real que investiga el escándalo del exportador de trigo AWB Ltd.(Australian Wheat Board), al que se acusa de pagar 220 millones de dólares al Gobierno de Bagdad para asegurar contratos de exportación valorados en más de 2.300 millones de dólares (unos 1.750 millones de euros) entre 1997 y 2003 bajo el programa de asistencia de Naciones Unidas "Ayuda por petróleo", ha concluido que el Gobierno no incurrió en ninguna ilegalidad, pero sí pidió acciones judiciales contra 11 empleados de la empresa.
El informe definitivo de esta comisión fue presentado este mismo lunes, día en el que tema será puesto sobre la mesa en el Parlamento.
En su informe, el antiguo juez Terence Cole aseguró no haber hallado "material alguno que sugiera que un procedimiento de actividades ilegales por parte de la Commonwealth o de cualquiera de sus oficiales".
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