WASHINGTON, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha dado este viernes la bienvenida a la publicación por parte de la oposición bahreiní de una 'Declaración de principios de no violencia', en la que reiteran su defensa de los métodos pacíficos para alcanzar su objetivo de una verdadera democracia en la isla y defienden el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y reunión.
"El compromiso público con la no violencia es una medida importante para conseguir construir confianza, y aplaudimos a las sociedades que se comprometen con este camino para conseguir sus objetivos", ha dicho la portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Victoria Nuland.
En el texto, los seis partidos firmantes --Al Wefaq, Al Qawmi, Waad, Wahdawy, Ekhaa y Al Taqadumi-- explicaron que ésta ha sido su postura desde que comenzaron en febrero de 2011 las protestas contra el Gobierno de la familia Al Jalifa y que defienden "los medios pacíficos" para "alcanzar las demandas de nuestro pueblo de una verdadera participación en las decisiones políticas y la planificación del futuro de nuestra patria con los principios de libertad, democracia, justicia social, igualdad y paz civil".
Asimismo, reiteraron su llamamiento a la "tolerancia, la diversidad y la pluralidad" ya que consideran que "es el camino ideal para lograr la unidad nacional entre los distintos elementos de nuestra población". Bahréin es una isla habitada predominantemente por chiíes pero gobernada por una dinastía suní, los Al Jalifa.
Según los grupos opositores, "la violencia nunca puede ser un medio para alcanzar demandas legítimas, ni puede usarse para bloquear demandas legítimas por ninguna de las partes". Además, defendieron que "la dignidad, la libertad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la pluralidad y la participación en los estados democráticos modernos (...) no pueden ser revocadas (...) bajo ninguna circunstancia o excusa".
En este sentido, Nuland ha pedido al Gobierno y a los seis partidos firmantes que inicien conversaciones "serias y prácticas" para encontrar vías que permitan que se vuelva a permitir la celebración de manifestaciones en el país, medida impuesta por el Ejecutivo en base a medidas de seguridad. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han criticado duramente esta decisión.
"Hemos pedido en varias ocasiones al Gobierno y a todos los elementos de la sociedad del país que den pasos concretos para crear un clima que desemboque en el inicio de un diálogo nacional que satisfaga las aspiraciones de todos los bahreiníes", ha agregado Nuland, antes de expresar su preocupación por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
NUEVO FALLECIMIENTO
Este mismo viernes ha fallecido un adolescente durante la supresión violenta por parte de las fuerzas de seguridad de una marcha de miles de chiíes que querían participar este viernes en una ceremonia religiosa oficiada por uno de sus líderes, el imam Issa Qassim.
La víctima ha sido identificada como Alí al Radhi, de 16 años de edad, según estas fuentes. Varias imágenes del cadáver y de los familiares preparando el cuerpo para las exequias han circulado por la red poco después del incidente.
La activista Maryam al Jawaja, que ejerce como presidenta en funciones del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) desde la detención y encarcelamiento de su predecesor, Rabil Rajab, ha hecho responsable al Gobierno del fallecimiento. El adolescente intentó atravesar las barricadas para llegar a la mezquita en la que se iba a realizar el oficio, tras lo que fue perseguido por las fuerzas de seguridad hasta una carretera, donde fue atropellado por un vehículo.
"Confirmado por varios testigos. Al Radhi fue perseguido por la Policía antidisturbios. Escapó por la autovía y fue atropellado por un coche civil. Hacemos responsable de su muerte al Ministerio de Interior", ha dicho Al Jawaja --cuyo padre, uno de los principales activistas del país, también ha sido condenado a pena de cárcel-- a través de su cuenta oficial en Twitter.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente desde marzo de 2011 las protestas pro democráticas en el territorio. Manama impuso la ley marcial y solicitó la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, HRW o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
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