MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior de Bangladesh, Asaduzzaman Khan, ha afirmado este jueves que las acusaciones vertidas por la ONG Human Right Watch (HRW) contra el Batallón de la Policía Armada de Bangladesh (APBn) sobre el hostigamiento y abuso a refugiados rohingya "no se basan en hechos" reales.
"Los rohingyas cometen asesinatos en los campamentos y los agentes del APBn han sido desplegados allí para hacer el trabajo de rutina. Lo que dice Human Rights Watch no se basa en hechos", ha explicado Khan, agregando que la ONG debería "recopilar más información" sobre la situación actual, según ha informado el diario 'The Daily Star'.
Estas palabras se producen después de que la investigadora para Asia de HRW, Shayna Bauchner, asegurara en un comunicado que los abusos cometidos por la Policía en los campamentos de Cox's Bazar "han dejado a los refugiados rohingyas sufriendo a manos de las mismas fuerzas que se supone que deben protegerlos".
"Las autoridades de Bangladesh deben investigar de inmediato las denuncias de extorsión generalizada y detención injusta por parte de agentes del Batallón de la Policía Armada y hacer que todos los responsables rindan cuentas", pidió Bauchner.
El Batallón de la Policía Armada se hizo cargo de la seguridad en los campamentos rohingya en julio de 2020. Los refugiados y los trabajadores humanitarios informan de que la seguridad se ha deteriorado bajo la supervisión de la APBn debido al aumento de los abusos policiales y la actividad delictiva. Asimismo, algunos refugiados alegan colusión entre oficiales de la APBn y grupos armados y pandillas que operan en los campamentos.
La represión de APBn ha agravado el miedo y la vulnerabilidad entre el millón de refugiados rohingya en Bangladesh, la mayoría de los cuales huyó de las atrocidades militares de Birmania a finales de 2017. Los abusos policiales se han intensificado en medio de restricciones cada vez más coercitivas sobre los medios de subsistencia, la circulación y la educación en los campamentos, incluido el acoso en los puestos de control y el cierre de escuelas y mercados comunitarios, según HRW.
