BRUSELAS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno belga liderado por el primer ministro Guy Verhofstadt dio hoy por cerrada la crisis que sufría desde hace una semana tras alcanzar un acuerdo sobre política penitenciaria que endurecerá las condiciones para otorgar la libertad condicional y para la liberación de presos extranjeros, y que intensificará la comunicación entre las diferentes partes implicadas en el proceso judicial así como con las víctimas y familiares de éstas.
La crisis se desató a dos semanas de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 8 de octubre y en las que el tema de la seguridad y la criminalidad están ocupando un lugar central en las campañas de los partidos políticos. Este hecho hizo temer a los partidos que conforman la coalición gubernamental --socialistas y liberales-- que las negociaciones sobre el presupuesto que ahora se negocian se complicaran aún más. El problema se desencadenó cuando el proxeneta albanés Viktor Hoxha, detenido en Amberes, liberado antes de cumplir su condena completa y devuelto a su país con la prohibición de pisar territorio belga antes de 2013, fue detenido de nuevo en Bélgica sin que ni siquiera hubiera pasado un mes desde su repatriación. El expediente que se abrió sobre este asunto exoneró a la ministra de Justicia, Laurette Onkelinx, de cualquier responsabilidad, al demostrarse que había seguido la reglamentación correctamente. Sin embargo, no dejó satisfecha a la coalición de Gobierno al revelar graves problemas de comunicación entre las diferentes instancias responsables de la justicia.
Este asunto hizo que Verhofstadt reuniera hoy a los ministros de su gabinete y a los presidentes de los partidos que forman la coalición para debatir sobre el asunto, tras lo cual aseguró que "la confianza entre los socios y la confianza en la coalición ha sido restituida".
Entre las decisiones tomadas hoy y que se adoptarán de manera inmediata se contempla un endurecimiento de las reglas para otorgar la libertad condicional, especialmente en lo referente a los criminales extranjeros, cuyos permisos no podrán ser otorgados sin haber consultado antes a sus víctimas o a los familiares de éstas. Lo mismo se aplicará a la hora de repatriar a presos a sus países de origen.
Asimismo, el Gobierno intentará mejorar la comunicación entre los fiscales del rey y los del Tribunal Supremo, así como con el Ministerio de Justicia y su titular, que podrán opinar sobre los riesgos de seguridad si se libera a un preso, y al Ministerio de Interior, con el objetivo de coordinar las decisiones en este tema.
Además, la futura política federal que está actualmente en debate prevé un aumento de los medios destinados a las penas alternativas en sustitución de las condenas más suaves para evitar que algunos presos no las cumplan.
En el plano técnico, el Gobierno pretende aumentar la capacidad penitenciaria y extender el sistema de vigilancia electrónico, así como acelerar el traslado de ciertos tipos de reos a sus países de origen. Para los delincuentes sexuales y los autores de los delitos más graves, propondrá además una reforma profunda del sistema de defensa social.
