Bensouda advierte de que el TPI podría investigar los crímenes cometidos en República Centroafricana

NUEVA YORK 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha advertido de que el TPI podría investigar los crímenes cometidos en República Centroafricana tras la sublevación de la alianza rebelde Séléka.

"Mi oficina hará su parte investigando y persiguiendo a los máximos responsables de la comisión de graves crímenes, si es necesario", ha advertido a través de un comunicado publicado en el centro de noticias de la ONU.

Bensouda ha revelado que las investigaciones de la misión enviada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a República Centroafricana "parecen confirmar la comisión de crímenes que podrían caer bajo la jurisdicción del TPI".

En concreto, la fiscal general ha indicado que el equipo de la ONU ha registrado crímenes cometidos contra la población civil, sobre todo asesinatos, violaciones y reclutamiento de niños para participar en el conflicto armado.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que asista al Gobierno centroafricano con el fin de mejorar la situación de seguridad y de proteger a la población civil, tanto en Bangui como en el resto del país", ha dicho.

A este respecto, el asistente de la Secretaría General de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Ivan Imonovic, alerto al semana pasada, tras su visita al país, de que "la seguridad es virtual, inexistente, por lo que la gente vive con miedo constante".

La jurista gambiana ha apuntado que la reunión que el Consejo de Seguridad celebrará el próximo 14 de agosto sobre República Centroafricana será una buena oportunidad para que los gobiernos muestren su apoyo a este país.

La violencia en República Centroafricana se reavivó en diciembre de 2012, cuando Séléka lanzó una nueva ofensiva contra el Gobierno de François Bozizé. Apenas un mes después, se firmó un acuerdo de paz, pero los rebeldes volvieron a ocupar Bangui y forzaron la salida de Bozizé.

El conflicto armado ha erosionado los ya de por sí debilitados servicios básicos del país, agravando la crisis humanitaria, que ya afecta a 4,6 millones de personas --la mitad de ellas, niños--, según cifras de la ONU.