BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha censurado este miércoles que el Gobierno rumano haya aprobado por decreto ley su polémica reforma judicial que los críticos temen que recorte la independencia judicial y ampare la corrupción y ha avanzado que pedirá explicaciones a Bucarest.
"Tanto el contenido como el procedimiento de utilizar decretos de emergencia para los últimos cambios, sin ninguna consulta con el poder judicial ni otros actores parece estar en contradicción con las recomendaciones de la Comisión", ha avisado el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al ser preguntado en rueda de prensa por la aprobación de la reforma mediante decreto ley este martes por el Gobierno rumano.
El Ejecutivo comunitario "buscará aclaraciones del Gobierno de Rumanía respecto a estos últimos cambios" y ha dejado claro que el país "necesita urgentemente volver a encarrilar el proceso de reformas". "Esto significa ir hacia delante, no hacia atrás y abstenerse de cualquier paso que revierta el progreso logrado en los últimos años", ha subrayado.
Bruselas denunció "la regresión" en la independencia judicial y en materia de lucha contra la corrupción en Rumanía en el último año y reclamó al Gobierno rumano que suspendiera la aplicación de su polémica reforma judicial en su informe publicado en noviembre para evaluar el progreso para afianzar la independencia judicial y combatir la corrupción en el país.
Schinas ha recordado que la Comisión reclamó a Bucarest en su informe "establecer un sistema sólido e independiente" para nombrar a los fiscales de alto rango "en base a criterios claros y transparentes" y que revisara su ley judicial a la luz de las recomendaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia.
"Estos últimos acontecimientos van en otra dirección", ha afeado, admitiendo que la Comisión sigue "con gran preocupación" lo que está ocurriendo en Rumanía.
Entre los cambios más controvertidos aprobados por decreto ley figura la imposibilidad de que las plazas de fiscales de alto rango puedan ocuparlas interinos durante más de 45 días como ocurre ahora en el caso de la agencia anticorrupción tras la dimisión de su antecesora, Laura Kovesi.
También pone fin a la capacidad de control del fiscal general sobre la unidad de la Fiscalía especial encargada de investigar a Kovesi, que fue nominada por el Gobierno como candidata para dirigir la Fiscalía Europea, y el inicio de un nuevo procedimiento de selección interno para escoger a tres candidatos alternativos.
