BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea pidió este jueves a España y a otros 19 países que apliquen plenamente la legislación de la UE para crear un mercado único del gas y de la electricidad. La solicitud adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han tomado las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.
Además de a España, Bruselas envió dictámenes motivados a Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido.
Las normas en cuestión tienen como objetivo aumentar la capacidad, interconexión y transparencia de los mercados del gas y de la electricidad. De este modo, los consumidores podrán elegir entre distintas compañías abastecedoras de gas y electricidad a precios razonables y todos los proveedores, especialmente los más pequeños y los que invierten en energías renovables, podrán acceder al mercado, según el Ejecutivo comunitario.
Los principales incumplimientos detectados por la Comisión son los siguientes. En primer lugar, la falta de información por parte de los gestores de las redes de transporte de gas y electricidad, que en la práctica obstruye el acceso de las compañías abastecedoras a las redes. Bruselas denuncia también la inadecuación de los sistemas de asignación de capacidad de red, que impide una utilización óptima de las redes de transporte de electricidad y gas en los Estados miembros.
Otro problema es la falta de coordinación y de cooperación transfronteriza entre los gestores de las redes de transporte de electricidad y las autoridades nacionales, colaboración necesaria para asignar mejor la capacidad de red en las interconexiones transfronterizas, de modo que la red eléctrica existente atienda de forma óptima a las necesidades regionales y europeas.
El Ejecutivo comunitario censura finalmente los escasos esfuerzos realizados por los gestores de las redes de transporte de gas para ofrecer a los usuarios de la red la posibilidad de introducirse en los mercados ascendentes del gas y la falta de medidas ejecutorias por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en caso de violación de las normas de la Unión Europea, incluida la inexistencia de sanciones eficaces a nivel nacional.
