La Cámara Baja de Rumanía aprueba un proyecto que cancelaría las pruebas recabadas a través de escuchas telefónicas

El líder del Partido Social Demócrata de Rumanía, Liviu Dragnea
REUTERS / INQUAM PHOTOS - Archivo
Publicado: miércoles, 14 noviembre 2018 22:15

BUCAREST, 14 Nov. (Reuters/EP) -

La cámara baja del Parlamento de Rumanía ha aprobado este miércoles un proyecto que cancelaría las pruebas recabadas a través de escuchas telefónicas en casos pasados de corrupción, lo que podría provocar la revocación de cientos de condenas, entre ellas la del líder del partido gubernamental.

La votación ha sido celebrada a raíz de una propuesta del gubernamental Partido Social Demócrata (PSD) y, en caso de entrar en vigor, anularía de forma retroactiva las pruebas interceptadas por los servicios de Inteligencia a raíz de órdenes judiciales.

Así, anularía cientos de veredictos de crímenes que van desde el tráfico de personas hasta los de corrupción, por lo que fue condenado el líder del PSD, Liviu Dragnea.

El Tribunal Supremo determinó en junio que Dragnea, actual presidente de la cámara baja del Parlamento, es culpable de mantener en la nómina de una agencia estatal entre 2006 y 2013 a dos mujeres que en realidad trabajaban para el PSD.

Dragnea fue además condenado en 2016 a una pena suspendida de dos años de cárcel en un caso por fraude electoral, mientras que está siendo investigado por abuso de poder, en un tercer caso abierto contra él.

"Casos de crímenes graves (...) desde 2005 en adelante podrían ser reabiertos según este borrador. No sólo corrupción, sino también asesinatos, tráfico de personas, tráfico de drogas, etc", ha dicho el parlamentario opositor Stelian Ion.

"Están usando un cañón para disparar a pájaros, y podría hacer estallar todo el sistema judicial", ha dicho, antes de expresar su deseo de que el Tribunal Constitucional rechazara el borrador en caso de que recibiera 'luz verde' en el Parlamento.

La lucha contra la corrupción es un tema sensible en Rumanía. El intento del Gobierno de debilitar las leyes anticorrupción provocó el año pasado las mayores protestas en décadas.

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