WASHINGTON, 22 Nov. (Reuters/EP) -
Un grupo de catorce senadores demócratas y republicanos han afirmado este jueves que trabajarán juntos para preparar la legislación necesaria para imponer nuevas sanciones contra Irán, a pesar de la petición del presidente, Barack Obama, en contra de esta opción.
"Un Irán nuclearizado supone una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, por lo que estamos comprometidos a evitar que Teherán consiga estas capacidades", han indicado.
Entre ellos figuran el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Charles Schumer, y el miembro de los comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores de esa misma cámara John McCain.
El anuncio ha llegado coincidiendo con la nueva ronda de conversaciones entre Irán y el Grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. El ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javaz Zarif, ha descrito como "bueno" su encuentro de este jueves con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común, si bien ha matizado que sigue habiendo "diferencias".
Este mismo jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que su país considera como una 'línea roja' en las negociaciones las actividades de enriquecimiento de uranio, por lo que no aceptará suspender este proceso.
"Hemos perdido nuestra confianza (...) No podemos entrar en conversaciones serias hasta que la confianza se recupere. Eso no significa que detengamos las negociaciones", ha afirmado Araqchi.
La última ronda de negociaciones fracasó en medio de acusaciones de que Francia endureció la postura para incluir también que Irán dé pasos para frenar el reactor de agua pesada en Arak, que Occidente teme que pueda constituir una segunda vía para mantener el programa nuclear a partir de la transformación del plutonio.
El 5+1 ya ofreció hace meses a Irán relajar algunas sanciones si acepta abandonar el enriquecimiento de uranio al 20 por ciento, que saque del país las reservas de uranio a este nivel o las reconvierta y poner fin a las actividades de su planta subterránea de Fordo, aunque también han incluido ahora el problema del reactor de Arak.
La nueva ronda de discusiones se produce tras el acuerdo alcanzado el pasado 11 de noviembre entre la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y el Gobierno de Irán sobre la futura cooperación para la resolución de los asuntos pendientes sobre el programa nuclear de la República Islámica y que prevé que inspectores de la agencia puedan visitar el reactor de agua pesada a presión de Arak y la mina de uranio de Gachin.
SANCIONES
Occidente acusa a Irán de pretender fabricar una bomba atómica con su programa nuclear, algo que niega Teherán, que asegura que el desarrollo nuclear iniciado hace más de tres años tiene un fin civil y sanitario.
En este sentido, ha aseverado en reiteradas ocasiones que el programa nuclear tiene únicamente fines civiles pacíficos y que se enmarca dentro del Tratado de No Proliferación (TNP).
El TNP, del que Irán es parte, establece entre otras cosas que, para evitar la proliferación, los países que ya cuentan con energía nuclear han de facilitarla a los países que no la tienen en caso de que estos decidan utilizar esta energía para fines pacíficos.
Con la llegada de Hasán Rohani a la Presidencia, el Gobierno de Irán ha promovido una política exterior más aperturista, que se consagró con el deshielo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 1979, con la llamada telefónica de quince minutos mantenida entre Rohani y Obama.
Asimismo, Reino Unido e Irán retomaron el lunes las relaciones diplomáticas y designaron encargados de negocios no residentes. Este nuevo viraje en los acontecimientos ha levantado las suspicacias en Israel y Arabia Saudí, que ven amenazada su influencia en Oriente Próximo.