MANILA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un comandante de una unidad militar de elite ha sido puesto bajo custodia después de que esta mañana el Ejército filipino anunciara que se había desbaratado un complot para perpetrar un golpe de Estado a primera hora de hoy por parte de "elementos desencaminados" gracias a "la fuerza preventiva y al diálogo".
El anuncio de este golpe de Estado fallido llevó a la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, a declarar el estado de emergencia en el país, en el que hoy estaban previstas varias manifestaciones con motivo del 20 aniversario del derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos por el primer alzamiento popular del país.
El general de brigada Danilo Lim, comandante del regimiento First Scout Ranger del Ejército, fue relevado de su cargo y puesto bajo custodia militar, según anunció el jefe del Estado Mayor filipino, general Generoso Senga. Lim es uno de los fundadores del Sindicato de Jóvenes Oficiales (YOU, en inglés) que organizó el sangriento intento de golpe de Estado de 1989 contra la presidenta Corazón Aquino.
"Hemos reducido la amenaza pero no podemos decir que haya sido frenada", declaró Senga. En este sentido, el secretario de gabinete de Arroyo, Michael Defensor, señaló que además de un número sin especificar de personas detenidas en relación con el intento de golpe de Estado, se está buscando a entre ocho y diez más.
Según Senga, Lim y el resto de golpistas "planeaban unirse a las concentraciones de protesta" previstas para hoy para obligarle a que retirara su apoyo a Arroyo, pero el jefe del Estado Mayor aseguró que el Ejército "mantiene su apego a la Constitución". "Fuimos capaces de persuadirles de que no que estaban planeando hacer no era lo adecuado", afirmó, en declaraciones que recoge 'Inq.7'. De acuerdo con el general, los golpistas eran "unos pocos elementos concentrados cerca de Manila" capital.
La presidenta convocó una reunión de emergencia de su gabinete antes del amanecer y declaró el estado de emergencia en el país, advirtiendo "a los que planean tomar el poder" de que "su traición será tratada con toda la fuerza de la ley". En su mensaje, retransmitido en directo por la televisión, la presidenta aseguró asimismo que no se permitirá que "los financiadores y los políticos que respaldaron esta rebelión que huyan".
Arroyo invocó su derecho recogido en la Constitución de declarar el estado de emergencia y que le permite llamar a las fuerzas armadas a prevenir o suprimir una rebelión. Según explicó Defensor, esta medida permitirá realizar arrestos sin orden judicial y que el Gobierno tome instalaciones, incluidos los medios de comunicación, y prohibir las concentraciones.
Sin embargo, tras las críticas que esta medida suscitó entre la oposición y entre los juristas del país, el secretario de Defensa, Avelino Cruz, precisó que la detención sin autorización no está entre los poderes que confiere a Arroyo el estado de emergencia. "Ella tiene poderes pero el uso de estos poderes está calibrado y no incluye las detenciones arbitrarias", señaló Cruz en rueda de prensa.
Según Cruz, el principal poder con que cuenta la presidenta bajo el estado de emergencia es el de perseguir a las compañías públicas que violen la ley. Sin embargo, no quiso precisar si el Gobierno pretende tomar el control de dichas compañías o de los medios de comunicación.
Durante su intervención, Arroyo había denunciado que en los últimos meses, "elementos de la oposición política han conspirado con los autoritarios de extrema izquierda representados por el Frente Democrático Nacional, el Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo, y la extrema derecha, representado por militares aventureros --los enemigos históricos del estado democrático filipino-- que forman ahora una alianza táctica y están comprometidos en conspiraciones concertadas y sistemáticas, en un amplio frente, para derrocar al gobierno debidamente constituido en mayo de 2004".
Asimismo, subrayó que "las reivindicaciones de estos elementos han sido imprudentemente magnificadas por algunos segmentos de los medios nacionales". Estas acciones, añadió, perjudican al país ya que "obstruyen al gobierno, entorpecen el crecimiento de la economía y sabotean la confianza del pueblo en el gobierno".