Actualizado: lunes, 8 mayo 2017 11:48

PEKÍN, 8 May. (Reuters/EP) -

El juicio contra el abogado de Derechos Humanos Xie Yang, quien se enfrenta a cargos de incitación a la subversión y alteración del orden, ha comenzado este lunes en China. El caso ha atraído la atención internacional por la supuesta tortura que podría haber sufrido Xie en la cárcel.

El presidente, Xi Jinping, ha llevado a cabo una campaña contra la sociedad civil durante sus cuatro años en el poder, acusando o deteniendo decenas de abogados y activistas de Derechos Humanos que las autoridades consideran una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad social.

El Tribunal Popular Intermedio de Changsha, en la provincia de Hunan, ha realizado las transcripciones de la primera vista del caso de Xie, quien ha confirmado su identidad, la fecha y los cargos de los que se le acusa. Xie ha asegurado entender los cargos y no podría en duda la parcialidad del juez.

El Tribunal ha publicado a través de una red social un breve video en el que se muestra a Xie diciendo que no había sido maltratado mientras estaba bajo custodia. Además, el Tribunal ha asegurado que 40 personas, incluidos periodistas locales e internacionales, han asistido al juicio, por lo que se trata de un juicio "abierto".

La esposa de Xie, Chen Guiqiu, ha declarado que a varios de sus partidarios se les ha impedido la asistencia al juicio. "Xie Yang es inocente", ha asegurado Chen.

Decenas de abogados de Derechos Humanos y diplomáticos extranjeros viajaron a la ciudad de Changsha, en el centro de China, después de conocer que Xie sería juzgado, pero las autoridades informaron de que el juicio no se produciría. Ese mismo día un tribunal de la ciudad de Tianjin condenó a otro abogado, Li Heping, a tres años de cárcel por subversión.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaba este viernes su preocupación por la detención del abogado de Chen, así como "la continua represión" en China y la detención de abogados de Derechos Humanos y activistas, e instó a las autoridades a que liberen a todos los detenidos por ejercer lo que llaman libertades fundamentales.

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