Condenado a cuatro años de cárcel y trabajos forzados el exministro de Exteriores de Zambia Malanji

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Zambia ha condenado al exministro de Exteriores Joseph Malanji (2018-2021) a cuatro años de cárcel y trabajos forzados y al exsecretario del Tesoro Fredson Yamba a tres años de prisión, también con trabajos forzados, por la transferencia de 108 millones de kwachas zambianos (3,89 millones de euros) a la legación del país africano en Turquía, una pena que llega en el marco de la lucha del actual presidente del país africano, Hakainde Hichilema, contra la corrupción en el anterior ejecutivo.

Los fiscales han argumentado que la asignación de estos fondos violaba los procedimientos presupuestarios y eludía la supervisión parlamentaria. La acusación contra Malanji incluye también el tráfico de influencias para adquirir bienes e inmuebles como helicópteros, viviendas y un hotel, compras que, para la Fiscalía, constituyen un abuso de poder y un ocultamiento deliberado de la propiedad, según ha recogido el diario zambiano 'Lusaka Times'.

En respuesta a estos cargos, la jueza Irene Wishimanga ha desestimado la petición de clemencia de la defensa, que alegaba que ambos eran delincuentes sin antecedentes y habían servido al público en puestos de alto nivel. Al contrario, la magistrada ha subrayado la importancia de que las penas impuestas supongan simultáneamente un castigo para los condenados y una disuasión para otras personas que se encuentren en posiciones de poder.

Las sentencias constituyen un punto clave en la campaña emprendida por Hichilema contra la corrupción, especialmente del anterior gobierno del Frente Patriótico, que presidía el fallecido Edgar Lungu. La condena ha sido celebrada por el portavoz del Gobierno, Cornelius Mweetwa, que ha afirmado que refuerza el Estado de Derecho y demuestra que ninguna persona está por encima de la ley, independientemente de su posición política.

No obstante, el actual presidente del Frente Patriótico, Given Lubinda, ha argumentado que la sentencia demuestra una justicia selectiva y ha advertido de que muchos miembros del FP corren el riesgo de ser procesados bajo la actual administración.