MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha condenado este jueves a once militares retirados --tres como autores y los ocho restantes como cómplices-- por quemar vivos a dos jóvenes, uno de los cuales murió, en el marco de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El magistrado Mario Carroza, que suele encargarse de los casos por graves violaciones a los Derechos Humanos, ha dictado diez años y un día de cárcel para Julio Ernesto Castañer, Iván Humberto Figueroa y Nelson Fidel Medina, en calidad de autores, y tres años para otros ocho ex militares, como cómplices.
Además, ha optado por absolver a René Aníbal Muñoz, "por falta de participación", y a Pedro Fernández Dittus, "por aplicación de la excepción de cosa juzgada", según ha informado el Poder Judicial de la nación suramericana a través de un comunicado.
Los hechos juzgados se remontan al 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar desplegada con motivo de la jornada de protesta convocada para ese día en Santiago detuvo a Rodrigo Andrés Rojas y a Carmen Gloria Quintana como sospechosos de participar en "disturbios".
"Para lograr su aprehensión, fueron golpeados y amenazados con armas de fuego. Y, logrado el objetivo, les colocaron cerca de un muro (...) donde la mujer queda de pie con las manos en alto apoyadas contra la pared y luego de frente, y el varón es tendido en el suelo boca abajo y con las manos extendidas", describen las autoridades judiciales.
A pesar de que "en estas condiciones se colige sin duda alguna que las víctimas jamás representaron un peligro para sus aprehensores", esta patrulla decida llamar a otras dos con las que toma la decisión de "rociar sus cuerpos y vestimentas con combustible y luego, mediante el empleo de (...) una bomba molotov, provocar un fuego".
Los dos jóvenes sobrevivieron pero los militares les abandonaron en una zanja a las afueras de Santiago, "pese a la frágil condición de salud en que se encontraban, negándoles de esa forma toda ayuda médica, con el solo propósito de favorecer la impunidad de sus actos".
Rojas de Negri sufrió quemaduras de segundo y tercer en el 65 por ciento de su cuerpo que le acabaron provocando la muerte, mientras que Quintana sufrió también quemaduras de segundo y tercer grado en el 62 por ciento de su cuerpo pero "en orden ascendente, de menor a mayor gravedad de abajo hacia arriba", lo que le permitió sobrevivir.
Los integrantes de las tres patrullas militares comunicaron los hechos a sus superiores, que consideraron que "dicho evento no tenía mayor importancia, ya que se trataba de un suceso más de la protesta". No obstante, ante la muerte de Rojas de Negri, "se ven obligados a reconocer ante la opinión pública (...) estos crímenes".
El juez Carroza también ha condenado al Estado chileno a pagar 450 millones de pesos (unos 600.000 euros) a Quintana y a las familias de ambas víctimas en concepto de indemnización por daños y perjuicios en el conocido popularmente como 'caso quemados'.
Se calcula que durante la dictadura de Pinochet unas 3.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas y otras 28.000 sufrieron torturas, entre ellas la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
