BANGKOK, 31 Ene. (Reuters/EP) -
Un tribunal de Tailandia ha condenado este miércoles a prisión a seis jóvenes por quemar retratos del rey Maha Vajiralongkorn y del monarca anterior, Bhumibol Adulyadej, en varios puntos de la provincia de Khon Kaen, en el noreste del país, en 2017.
La Ley de Lesa Majestad de Tailandia es una de las más estrictas del mundo y establece que los que la incumplan afrontarán hasta quince años de prisión por cada cargo de ofensas al rey, la reina, el príncipe heredero o el regente.
Los seis condenados, que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, también han sido declarado culpables por quemar propiedades públicas, así como de crimen organizado, según ha explicado a Reuters su abogado, Pattana Saiyai.
"Todos ellos han confesado que no tenían malas intenciones y que fueron contratados para quemar los retratos reales," ha señalado Pattana, para después explicar que el tribunal ha tenido en cuenta la falta de voluntad de los procesados para reducir sus penas de prisión.
Uno de los seis ha sido sentenciado a once años y medio de cárcel, otros tres deberán cumplir siete años y ocho meses entre rejas y los dos restantes han sido condenados a tres años y cuatro meses de prisión por quemar un retrato real cada uno.
El letrado ha dicho que la Policía arrestó a dos hombres en diciembre bajo la acusación de que habían pagado a sus clientes para que quemaran los retratos pero todavía no han sido procesados.
Las Fuerzas Armadas de Tailandia, que se hicieron con el poder mediante un golpe de Estado liderado por el general Prayuth Chan Ocha en mayo de 2014, justifican los procesos contra los que difaman a la Corona con el argumento de que así se defiende la seguridad nacional.
Desde la asonada castrense, al menos 94 personas han sido procesadas por delitos de Lesa Majestad, según las estimaciones de iLaw, un grupo que realiza un seguimiento de los proceso por difamación a la Corona. El 92 por ciento de los procesados se declararon culpables para conseguir una reducción de la pena de prisión.
La legislación que protege a los miembros de la familia real de insultos se aplican a todos los medios de comunicación que informan desde Tailandia.
Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por lo que considera como un deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Tailandia, con casos como las condenas por delitos de Lesa Majestad.
OCHO ACTIVISTAS IMPUTADOS POR VIOLAR LA PROHIBICIÓN DE MANIFESTARSE
Por otra parte, las autoridades tailandesas han imputado a ocho activistas de derechos civiles por saltarse la prohibición de manifestaciones con la convocatoria de una marcha de protesta que comenzó el 20 de enero.
Desde que las autoridades militares se hicieron con el poder en mayo de 2014, la junta militar ha prohibido la convocatoria de reuniones de cinco o más personas, por lo que las movilizaciones de protestas casi han desaparecido.
Los ocho activistas imputados este miércoles forman parte de la red 'Vamos pueblo', que convocó una marcha contra la junta castrense bajo el lema 'Nosotros andamos', y han negado los cargos que se les han imputado. "Creemos que en los últimos años, la junta no ha sido legítima y no ha escuchado al pueblo", ha afirmado el coordinador del grupo, Supaporn Malailoy. "Por eso marchamos con nuestros amigos, con las libertades civiles que tenemos", ha asegurado.
Los ocho procesados tendrán que declarar ante la Fiscalía General el 26 de febrero y será este organimos el que decidirá si les lleva a juicio, según ha contado el grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos. Un total de 52 grupos de derechos civiles han denunciado que la imputación a estos ocho activistas supone ua violación de los derechos y las libertades fundamentales.
"La Policía Real de Tailandia y el Gobierno han cometido algunos errores con la violación de estos valores y principios fundamentales y los Derechos Humanos", han afirmado en un comunicado conjunto los 52 grupos de derechos civiles. "Estas acciones deben ser condenadas", han añadido.
Por su parte, la Comisión Internacional de Juristas ha asegurado que la prohibición de reuniones públicas no casa con los compromisos de Tailandia en materia de Derecho Internacional Humanitario. "Tailandia debería de inmediato poner fin a estos procedimientos penales", ha afirmado Kingsley Abbott, asesor legal internacional de este grupo.
La marcha convocada por los activistas contra la junta castrense tenía un recorrido de 450 kilómetros, desde Bangkok hasta la provincia de Khon Kaen, y consiguió el respaldo de miembros de grupos de derechos civiles preocupados por la libertad de expresión, los recursos naturales, la agricultura alternativa y el sistema sanitario.
