SANTIAGO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Chile ha aprobado este miércoles la ley de gratuidad en la educación superior, después de una intensa tramitación parlamentaria que ha resucitado las protestas del movimiento estudiantil ante el temor de que la promesa estrella del Gobierno de Michelle Bachelet quedara desdibujada.
La Cámara de Diputados ha dado el visto bueno a la Ley Corta de Gratuidad con 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, ratificando así la decisión del Senado, según han informado los medios de comunicación chilenos.
La ley estuvo a punto de morir el pasado 10 de diciembre cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en contra al considerar que era "discriminatoria" por favorecer a las universidades seleccionadas para disfrutar de la gratuidad.
Para reactivarla, el Gobierno decidió modificar el título de beneficiarios, que finalmente abarca a las universidades públicas que se comprometan a mantener o mejorar su "acreditación institucional" (certificado de calidad) y a las privadas que lo mantengan o mejoren al menos cuatro años y no tengan fines lucrativos.
La Moneda ha salvado el espíritu de la ley al incluir una ayuda estatal para las universidades públicas, que pasará de 2.500 a 5.000 millones de pesos (de 3,2 a 6,5 millones de euros) y se financiará con los aportes del sistema privado.
Además, aunque los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales han quedado fuera de la gratuidad --en contra de lo que pedía la oposición--, se ha aumentado el importe de las becas para sus alumnos.
PROMESA ELECTORAL
"Hoy, con esta ley, estamos cumpliendo con un compromiso presidencial, pero también estamos cumpliendo con el sueño de que la educación sea un derecho y no una carga para las familias", ha dicho el portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, ha aclarado que, si bien "este es un gran paso, no es todo". "Esperamos en los años siguientes seguir avanzando para que más estudiantes puedan ingresar a este derecho", ha subrayado.
En este sentido, el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha señalado la gratuidad, la calidad y el fin del ánimo de lucro como "tres banderas guías para las discusiones que vienen".
La ley de gratuidad beneficiará a unos 200.000 estudiantes, 30.000 menos de los previstos en el borrador inicial, pero la intención de Bachelet es que acabe llegando a la totalidad del universo de alumnos chilenos.
La reforma educativa es uno de los pilares del Gobierno de Bachelet para dar respuesta a las demandas que estudiantes y profesores han llevado los últimos cinco años a las calles de todo el país para lograr una educación pública, gratuita y de calidad.
