Crónica 7-J (2).- Un año después de los atentados, las medidas antiterroristas del Gobierno no logran consenso político

Las propuestas más polémicas son la extensión del límite de detención a 90 días y la prohibición del enaltecimiento del terrorismo

LONDRES, 6 Jul. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Marta Altuna) -

Mañana se cumple un año de los atentados del 7 de julio en Londres, en los que 52 personas murieron en varios ataques programados contra el sistema de transporte de Londres. A partir de este momento, el Gobierno británico inició un plan para combatir el terrorismo, en el que una de las notas dominantes ha sido la falta de consenso.

Con la famosa frase "Las reglas del juego están cambiando", el primer ministro británico, Tony Blair, ha puesto en marcha una legislación que le ha valido las críticas no sólo en el Parlamento, sino en diferentes sectores de la sociedad y del poder judicial por considerar que esas nuevas reglas son contrarias a los derechos civiles de los ciudadanos.

Todos los partidos políticos consideraron que era necesario que las leyes penaran "los actos preparatorios de terrorismo", pero los llamados '12 puntos' de Blair acabaron con este consenso, sobretodo por dos propuestas. La primera de ella fue la propuesta del Gobierno de extender el límite de detención de sospechosos de terrorismo hasta un total de 90 días sin necesidad de presentar cargos, y la segunda, prohibir el "enaltecimiento del terrorismo".

El pasado mes de noviembre, los parlamentarios votaron en contra de la propuesta de los 90 días, que se quedó en los 28 días que habían pedido los conservadores, en lugar de los 14 días vigentes hasta entonces. No obstante, el comité de Asuntos Interiores de la Cámara de los Comunes indicó en un informe que se necesita que se amplie la fecha límite en la que la Policía puede mantener detenidos sin cargos a los sospechosos de terrorismo.

El primer ministro británico, Tony Blair, recordó que estas propuestas no han surgido del Gobierno sino de la Policía y de los responsables de la lucha antiterrorista, que aseguraron que eran necesarias para evitar ataques como lo que sucedieron en el mes de julio del pasado año en Londres.

"Creo que está mas claro que el agua la necesidad de que se utilice este periodo de tiempo para recopilar pruebas, porque existen investigaciones complejas en las que a menudo se mezclan fronteras, lenguas, y dialectos y es importante que haya este tiempo para asegurarnos de que se pueden tener las pruebas que necesitamos", declaró el líder laborista.

Desde el Gobierno de Tony Blair se cree que estas leyes afectarán directamente a muy pocas personas, alrededor de 20, y que cada siete días un juez decidirá si la persona sospechosa debe o no seguir privada de libertad.

Los parlamentarios del Comité de Interior advierten de que regularmente tendrán que estudiarse los casos para ver si los sospechosos pueden ser puestos en libertad bajo vigilancia, como por ejemplo obligándoles a llevar pulseras electrónicas, e indican que todos los arrestos deben estar sujetos a supervisión judicial.

El informe de este grupo critica el papel de la Policía y del Gobierno en su intento de que el límite se hubiera extendido a los 90 días. "En este asunto, que tiene muchas implicaciones en relación a los Derechos Humanos, hubiéramos esperado que la petición se hubiera desarrollado de una mejor forma", explica.

ERRORES POLICIALES

Además de esto, ha habido difíciles momentos para el Gobierno, especialmente tras la muerte del ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes, que fue abatido por la Polidía después de ser confundido con un terrotista el 22 de julio, un día después de los fallidos ataques en la capital británica.

A pesar de ello, la actuación policial sigue siendo firme y se sigue pidiendo a los policías que tiren a matar contra los sospechosos de ser terroristas suicidas. Esta firmeza se vio este año de manifiesto con la redada que tuvo lugar en Forrest Gate, al oeste de Londres.

Doscientos cincuenta oficiales de policía participaraon en esta operación que se saldó con el arresto de dos hombres, uno de los cuales recibió un disparo del que posteriormente se recuperó en el hospital. Estos dos hombres de origen musulmán fueron puestos finalmente en libertad sin cargos.

La actuación de la Policía tuvo innumerables críticas e incluso se oyeron peticiones de dimisión para el responsable de la Policía metropolitana, Sir Ian Blair, que se encuentra en el centro de la polémica desde la muerte de Menezes.