Crónica Burundi.- HRW pide a la ONU y al Gobierno que garanticen la justicia a las víctimas tras "décadas de masacre"

La ONG sostiene que las recientes puestas en libertad de varios miles de detenidos manifiesta la urgencia de las medidas

Europa Press Internacional
Actualizado: domingo, 26 marzo 2006 15:16

NUEVA YORK, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades burundesas y los expertos de Naciones Unidas, que tienen previsto reunirse mañana lunes, que aseguren la puesta en marcha con rapidez de mecanismos que permitan "acometer las violaciones graves del derecho internacional cometidas durante los conflictos étnicos y políticos en este país centroafricanos", porque "después de décadas de masacres, es hora de que las víctimas vean que se hace justicia".

Una delegación de expertos jurídicos de Naciones Unidas trabajará con representantes del Gobierno burundés del 27 al 31 de marzo para establecer las bases de la creación de una comisión de verdad y reconciliación y un tribunal especial en el seno del aparato judicial burundés.

"Después de décadas de masacres, es hora de que las víctimas vean que se hace justicia", declaró la consejera senior para Africa de HRW, Alison Des Forges. "Los expertos burundeses e internacionales pueden hacer que tenga lugar llegando a un acuerdo rápidamente sobre la manera de poner en marcha los mecanismos que permitan procesar los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional".

Según la ONG de defensa de los Derechos Humanos, la liberación desde enero de 2006 de unos 3.000 detenidos, por parte del Gobierno, ha provocado que sea aún más urgente el establecimiento de mecanismos para juzgarlos así como a otros que están todavía detenidos.

Los detenidos, de los cuales muchos están acusados de haber cometido crímenes violentos durante los diez años de guerra civil en Burundi, sostiene HRW, han sido puestos en libertad después de haber sido considerados prisioneros políticos por una comisión gubernamental creada en el marco del Acuerdo de Paz y Reconciliación firmado en Arusha el 28 de agosto de 2000.

Según responsables burundeses, citados por la ONG, las personas puestas en libertad se han visto otorgadas de una "inmunidad provisional", pero deberían dar cuenta de los crímenes de los que se les acusa ante el tribunal especial o la comisión de verdad y reconciliación.

Algunas víctimas han protestado contra estas liberaciones, señalando que las personas que han salido de prisión podrían no comparecer nunca ante el tribunal. Otras víctimas han manifestado también sus temores de que los detenidos liberados puedan amenazar a los supervivientes o a testigos de sus crímenes.

Además, la organización burundesa de defensa de los Derechos Humanos Ligue Iteka y otros grupos similares han impugnado ante la justicia el carácter constitucional de las puestas en libertad de los detenidos.

En una declaración del pasado 2 de febrero, el Gobierno burundés declaraba que la reconciliación debería ser el principal objetivo en los intentos de determinar las responsabilidades, y que la justicia sólo debía ejecutarse cuando "el perdón es considerado imposible".

Sin embargo, HRW estima que los principales responsables de las violaciones graves del derecho internacional tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos en procesos justos llevados a cabo según las normas internacionales de legalidad.

De esta manera, agrega, el mandato de la comisión de verdad y reconciliación debería especificar que las personas acusadas de implicaciones de primer orden en tales crímenes serán efectivamsetne llevados ante el tribunal especial.

Desde que obtuviera la independencia de Bélgica en 1961, Burundi, donde los hutus son mayoría pero los tutsis han tenido el poder históricamente, ha conocido varios periodos de masacres importantes cometidos sobre la base de la pertenencia étnica. Durante diez años de guerra civil, tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993, todas los partes han cometido crímenes de guerra masivos, que han provocado la muerte a más de 100.000 civiles.

Una comisión de investigación de Naciones Unidas en 1995 calificó de genocidio la masacre de los tutsis tras el asesinato de Ndadaye, pero todavía no se ha puesto en marcha ningún tribunal internacional que juzgue a los presuntos culpables.

"Dadas las esperas y las inquietudes referentes a la justicia y la reconciliación de Burundi, los negociadorse tienen la pesada responsabilidad de orientar el tiempo de manera firme para la acción de aquí al fin de semana", declaró Des Forges. "Todas las bellas palabras aparte, es sólo poniendo en marcha mecanismos operativos que la justicia y las responsabilidades pueden ser finalmente garantizadas", agregó.

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