MANILA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, levantó hoy el estado de emergencia que decretó hace justo una semana tras recibir garantías de las fuerzas de seguridad de que la amenaza de golpe de Estado en el archipiélago ha quedado reducida, después de que el Ejército anunciara que había desbaratado un complot para derrocar a la presidenta, fuertemente criticada por la oposición.
"Hoy, una semana después, estoy contenta de informar que el estado de emergencia se ha acabado y es hora de volver al verdadero trabajo de gobernar", declaró Arroyo en su mensaje. "Confío en que se ha restaurado el orden. Por tanto, con el poder que me otorga la Constitución, declaro que, de forma inmediata el estado de emergencia ya no está en efecto", añadió.
La semana pasada, la presidenta había justificado la declaración del estado de emergencia para contrarrestar a una alianza de rebeldes comunistas y "militares aventureros" que quería derrocarla. La medida fue acogida con duras críticas por amplios sectores de la población y del mundo de la política, sobre todo en las filas de la oposición, algunos de cuyos diputados han sido incluso detenidos o imputados en relación con el supuesto intento golpe de Estado.
No obtante, Arroyo previno hoy de que no dudará en volver a recurrir a medidas duras contra estas personas que, según ella, están poniendo en peligro tanto la seguridad como la economía del país. "Actuaré con la misma fuerza y determinación una y otra vez si nuestros oponentes insisten en traer la inestabilidad al país y perjudicar nuestra economía", afirmó.
"Ahora es esencial que nuestros opositores políticos y los oportunistas dejen de minar a nuestra economía y de avergonzar al país en el extranjero con sus travesuras políticas baratas", resaltó. "Por el bien de la nación, es hora de hacer que las cosas funciones y que las cosas se hagan. Por favor, dejadnos trabajar por el bien común", rogó.
La presidenta aprovechó la ocasión para defender su decisión "como comandante en jefe del Ejército y con el poder que me otorga la Constitución" con el fin de "garantizar la estabilidad del pueblo y la nación", afirmando que ésta había demostrado ser correcta dado que varios subversivos y soldados y policías han sido detenidos y están siendo investigados por el intento de golpe de Estado.
Arroyo dijo conocer la "ansiedad" que el estado de emergencia provocó en algunos sectores de la sociedad, pero, añadió, "no fue una acción que emprendí a la ligera". "Creo que mis acciones fortalecieron y protegieron a nuestras libertades civiles y la libertad de prensa y mantuvieron las ganancias económicas que luchamos tanto tiempo por lograr".
Mientras, el portavoz presidencial, Ignacio Bunye, dijo que la decisión de levantar el estado de emergencia se basó en el asesoramiento y la recomendación de los ministros de Defensa, Justicia y el jefe de la Policía. Por otra parte, calificó de "incidente menor" la explosión de dos artefactos en Manila mientras la presidenta estaba pronunciando su discurso.
Por otra parte, Bunye previno de que aunque se haya levantado el estado de emegencia el Gobierno no dejará de perseguir a los que presuntamente orquestaron el complot golpista. En este sentido, precisó que se está investigando todavía a los posibles financiadores y otras personalidades envueltas en la intentona.
DECENAS DE DETENIDOS
Las autoridades filipinas han presentado cargos criminales contra unos 50 miembros de la oposición, personal militar y otras personas por intentar derrocar a la presidenta. Entre ellos se encuentran cinco diputados de izquierda que buscaron refugio en el Congreso y rechazaron ser interrogados por la Policía.
También se encuentra entre los arrestados Gregorio Honasan, un ex senador y antiguo coronel del Ejército, quese describió a sí mismo como un "consejero sobre intentos fallidos de golpes de Estado". Honasan se vio implicado en una serie de intentonas frustradas de golpes al poder en la década de 1980.
Organizaciones civiles, diputados, hombres de negocios y medios de comunicación han manifestado su preocupación por la ola de detenciones sin órdenes, la prohibición de las manifestaciones y una redada en un diario crítico.
Además, los analistas señalan que la declaración del estado de emergencia daña la credibilidad del país, lo debilita en el exterior y disuade las necesidades de inversión. Incluso los economistas en el Gabinete de Arroyo advirtió de que el estado de emergencia envía señales negativas.