La ofensiva policial se ha saldado con 17 presuntos terroristas muertos
YAKARTA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Tras ocho meses de política conciliadora y de pedir a los islamistas de Jemaah Islamiyah que abandonen las armas, el Gobierno indonesio ha dado luz verde a operaciones antiterroristas en la ciudad de Poso como la del pasado 22 de enero, en la que murieron 16 personas.
Entre los fallecidos había un policía y varios milicianos, pero no todos lo muertos habían participado en actos terroristas, un hecho explotado por los islamistas para fomentar la imagen de la Policía anti musulmana, según destaca el Internacional Crisis Group (ICG) en un informe. La operación estaba dirigida contra los líderes de Jemaah Islamiyah en Poso, en el distrito Centro de la isla de Sulawesi, a quienes se les imputan varios atentados con bomba, decapitaciones y tiroteos.
Los esfuerzos de paz han fracasado y, además, la alta cifra de muertos de la segunda operación ha convertido a los presuntos terroristas en víctimas. Una yihad tradicionalmente dirigida contra las comunidades cristianas de la región podría convertirse ahora en una cruzada contra la Policía, que es vista ahora como una fuerza anti islámica. Lo más urgente ahora es que el Gobierno trabaje con los líderes comunitarios musulmanes para explicarles detalladamente quiénes eran los sospechosos y por qué se utilizó la fuerza, según el ICG.
También deberían examinar cómo se condujeron las operaciones policiales para investigar la posibilidad de haber evitado víctimas mortales. El ICG recomienda al Gobierno, además, atender las numerosas demandas de la población local.
El 22 de enero, con el amanecer, las unidades policiales indonesias se dispusieron a tomar una tranquila calle de Poso, pero pronto descubrieron que enfrente no sólo tenían a los presuntos terroristas, sino que se encontraron una importante resistencia fuertemente armada, muyahidines de lugares cercanos e incluso algunos que provenían de la isla de Java.
Al final del día, un policía y otras 15 personas murieron y otras muchas resultaron heridas en ambos bandos. Más de una veintena de personas fueron detenidos que intentaban huir del lugar de los hechos.
MUERTES FORTALECEN A LOS YIHADISTAS
Este fue el segundo intento en dos semanas de detener por la fuerza a más de veinte personas incluidas en una lista de personas buscadas desde mayo de 2006. El 11 de enero, la Policía irrumpió en las casas donde se creía que estaban ocultos. Dos personas murieron en la operación y otras seis fueron detenidas. Las autoridades se incautaron de un importante arsenal de armas.
Ya entonces había indicios de que los sospechosos y sus simpatizantes estaban presentando las operaciones policiales como un ataque a los musulmanes para intentar así engrosar sus filas con nuevos combatientes. Cualquier muerte acaecida durante las operaciones policiales fortalecería su posición; ahora tienen diecisiete muertos que utilizarán como símbolo, como mártires, o dieciocho, si contamos al joven muerto en octubre de 2006 en enfrentamientos con la Policía.
Uno de los peligros que existen en el momento actual es que los yihadistas intenten exportar la guerra contra los enemigos del Islam fuera de Poso y atacar a la Policía en otras ciudades.
Otro problema sería que la facción de Jemaah Islamiyah que rechaza los atentados contra objetivos occidentales y se opone a las tesis de Noordin Mohamed Top, el terrorista más buscado del sudeste asiático, considerara legítima esta yihad.
Por último, existe la posibilidad de que algunos de los prófugos intente llegar a Java para unir sus fuerzas con las de Noordin. Los muyahidines de Poso tienen experiencia en asesinatos selectivos, una táctica que no ha sido utilizada en lugares alejados de las zonas de conflicto. Aunque la cooperación entre ambos grupos es poco probable, si Noordin consigue hacerse con un pistolero experimentado, el grupo podría ser letal.
Incluso si consiguen evitarse estos peligros y los sospechosos que quedan en libertad son detenidos, nadie podrá decir que se ha acabado con la violencia en Poso. Hay aún muchas cuestiones que solucionar, como el conflicto comunitario que alcanzó su cénit en los años 2000 y 2001. Algunos muyahidines hablan de la necesidad de tener hijos lo antes posible para dar paso a una nueva generación de combatientes. Incluso si el Gobierno mantiene sus operaciones policiales sigue siendo urgente adoptar un punto de vista del conflicto mucho más amplio.
El informe examina cómo el vecindario de Poso se ha convertido en un feudo de Jemaah Islamiyah y cómo un pequeño grupo de hombres logró aterrorizar a la ciudad durante tres años en los que no fueron identificados por las autoridades. Analiza además los vínculos entre las estructuras de Jemaah Islamiyah en Poso y Java; las reivindicaciones locales y cómo podría lograrse una salida al conflicto.
RECOMENDACIONES
Al Gobierno de Yakarta, el ICG le solicita la creación de una comisión independiente que investigue con celeridad las operaciones policiales del 11 y el 22 de enero que cuente entre sus miembros con líderes comunitarios locales. Su objetivo debería ser determinar si el uso de la violencia fue adecuado en cada una de ellas y si podrían haberse evitado algunas de las muertes.
También le recomienda colaborar con los líderes musulmanes locales para hacerles entender por qué atacaron a los líderes de Jemaah Islamiyah en Poso, los crímenes que cometieron, y que no se trataba de operación contra el Islam. Para ello, sugiere la utilización de páginas web islámicas.
Otra medida gubernamental que podría contribuir a la resolución del conflicto sería, según el ICG, la creación de un cuerpo de investigación independiente con plenos poderes para interrogar a las autoridades civiles y militares, examinar los agravios cometidos durante el conflicto de los años 2000-2001 y estudiar la forma de compensarlos, con especial atención a las muertes de Walisongo Pesantren y las localidades colindantes de finales de mayo y principios de junio de 2000 y las del poblado de Buyung Katedo, en 2001.
Los expertos también recomiendan la creación de un cuerpo dependiente directamente del presidente indonesio que recabe las demandas de los desplazados del conflicto y aplique un programa de empleo capaz de absorber a los muyahidín locales.
También sería propicio adoptar plenamente las recomendaciones de la comisión de investigación sobre los enfrentamientos sucedidos en Poso el 22 de octubre de 2006.
Por último, piden al Gobierno indonesio colaborar con líderes y contribuyentes locales para conseguir una fuerza policial basada en la comunidad local que no deba depender de los refuerzos y que garantice que todos los abusos puedan ser investigados de forma inmediata y transparente.
