BRUSELAS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, estudiará tras las vacaciones de verano la posibilidad de sancionar a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares y revisar la directiva comunitaria que prevé determinadas facilidades para que los inmigrantes puedan encontrar un trabajo legal.
La iniciativa, que será impulsada junto al comisario responsable de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, contempla, asimismo, pedir a los Estados miembros incrementar las inspecciones de trabajo para detectar a los empleadores que explotan a los inmigrantes.
Es más, según explicó Frattini en rueda de prensa, aquellos inmigrantes que denuncien a los empresarios podrán ser recompensados con la obtención de un trabajo legal. "Sería una doble sanción para el empresario", ilustró el comisario.
"Tenemos que pensar en introducir sanciones penales y castigar, no a la víctima de la explotación, sino al empresario", prosiguió Frattini, que también habló de considerar "seriamente" imponer multas por delitos que se produzcan en circuntancias agravantes, como violencia o explotación de menores.
Esta propuesta forma parte del paquete de medidas de lucha contra la inmigración clandestina que Frattini presentó hoy en Bruselas y que contempla, entre otras cosas, la creación de equipos de intervención rápida, encargados de prestar asistencia técnica a los Estados miembros que así lo soliciten para luchar contra la inmigración ilegal.
Se trataría, en este caso, de equipos formados por entre 250 y 300 expertos de diferentes países, coordinados por la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), que podrían desplegarse en el lugar donde se requiera su presencia en los diez días laborables posteriores a la presentación de la solicitud de ayuda cursada por el país en cuestión.
Las funciones y competencias de los funcionarios que integarían estos equipos deberán ser objeto de debate, porque la UE no cuenta con normas comunes para regular este tipo de competencias cuando se trata del control conjunto de las fronteras exteriores de la Unión.
No obstante, Frattini ya tiene en mente crear un reglamento que permita extender a los funcionarios europeos las competencias nacionales, de tal forma que las autoridades encargadas de la vigilancia de fronteras seguirán dependiendo del Estado miembro al que pertenezcan, pero estarán coordinados por el país donde se lleve a cabo la misión.
BRAZALETE EUROPEO
Es decir, que un equipo de 'carabinieri' italiano operando en Canarias tendría las competencias conferidas por la legislación italiana pero coordinados por mandos españoles. Los guardias fronterizos vestirían sus uniformes nacionales, pero portarían un brazalete con la bandera europea para distinguirles.
Entre las tareas que deberían realizar estas fuerzas de intervención rápida figura la de control de personas y vigilancia de las fronteras exteriores en cooperación con los servicios nacionales. La propuesta de Bruselas contempla reforzar el papel de Frontex, dado que se encargaría de formar a los miembros de tales equipos, básicamente expertos en identificación de personas, intérpretes y personal sanitario de primeros auxilios, así como en evaluación de riesgos.
"Si se observa la situación en Canarias es evidente que necesitamos expertos 'in situ' para ver si España está preparada", ilustró Frattini. "Esto ocurre hoy en España, pero mañana va a ocurrir en Malta", advirtió.
Del abanico de medidas para reforzar la solidaridad europea en el combate a la inmigración ilegal forma parte también la propuesta de crear un código europeo de concesión de visados, que aclare los criterios y las condiciones de su expedición y permita a los consulados de la UE tener los mismos procedimientos a la hora de evaluar una solicitud.
Frattini defendió el paquete presentado hoy como "un planteamiento equilibrado" para dar mejores condiciones de vida a los inmigrantes legales al tiempo que se muestra "dureza" con los traficantes de seres humanos y las mafias. La cooperación con países terceros; la reducción de la estancia ilegal en los países de destino y una política de repatriación "creíble y eficaz" completan la nómina de propuestas.