Crónica Kirguistán.- ICG llama a la moderación entre Gobierno y oposición para facilitar la reforma constitucional

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adopción de una nueva Constitución no supone en modo alguno un factor determinante para pacificar un país que se encuentra al borde de la guerra civil y el bloqueo político, en una situación que necesita de la intervención activa de la comunidad internacional para prevenir una crisis inminente que podría extenderse a otros países en el centro de Asia, según un estudio realizado por el equipo de analistas del International Crisis Group (ICG), publicado esta semana.

El estudio, titulado 'Kirguistán en el filo', se publica a raíz de la firma para una nueva Carta Magna preliminar, acordada el pasado miércoles, entre Gobierno y oposición, y poner fin así a las protestas que se sucedieron durante seis días para pedir la dimisión del presidente, Kurmanbek Bakiyev. El jueves, el presidente Bakiyev ratificó la nueva Constitución aprobada por el Parlamento y que limita sus poderes en favor de la Cámara, en un intento por superar la profunda crisis política que vive este país desde marzo de 2005, cuando accedió al cargo.

Así, ICG entiende que si bien la firma de la Constitución supone un paso adelante, el verdadero reto es aplicar de forma correcta el recorte de poder presidencial, que hasta el momento era prácticamente ilimitado. Para ello, será necesario que la comunidad internacional aúne esfuerzos con el Gobierno y la oposición para asentar lo que podría ser, según el informe, "nada más que un breve respiro".

La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Naciones Unidas (OSCE) deben pedir al presidente Bakiyev que emplee un uso de la fuerza, moderado y estrictamente necesario, para mantener la situación bajo control. La labor de la oposición deberá ser, ante todo, desarrollar y aplicar un programa de reconciliación nacional con vistas a aliviar la tensión entre los diferentes grupos que conforman la sociedad del país.

FIN DE LAS PROTESTAS

Esta semana, al menos siete personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes en la capital de Kirguistán, Bishkek, disueltos con gases lacrimógenos por tropas del Ministerio de Interior. Unas 7.000 personas se concentraron el pasado martes en la principal plaza de la capital, y se unieron a los cientos que la ocupaban desde hacía noches, en unas 100 tiendas de campaña, para pedir la dimisión de Bakiyev.

Estas manifestaciones son la culminación de un movimiento opositor que terminó de organizarse la pasada primavera bajo el movimiento '¡Por Las Reformas!', un colectivo que puso de relieve de forma pública lo que entendían como graves errores del Gobierno. Desde la llegada al poder de Bakiyev en marzo de 2005, su estrecha relación con las élites económicas del país, el aumento de la corrupción y la percepción de un desequilibrio de poder a favor de las provincias del sur del país --región de la que Bakiyev es natural-- le pusieron en el punto de mira de las fuerzas de oposición, que culminó en lo que el informe de ICG denomina 'Matreshkagate': un escándalo que renovó la presión sobre el Gobierno tras las vacaciones de verano y que se convirtió en uno de los catalizadores principales para la creación de la nueva constitución preliminar.

El 'Matreshkagate' comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando el líder de la oposición, Ömürbek Tekebayev, fue detenido en el aeropuerto de Varsovia cuando iba a asistir a una conferencia económica internacional. Tras registrar su equipaje, la Policía aduanera descubrió entre sus pertenencias una muñeca rusa (Matreshka), llena de polvos que contenían una pequeña cantidad de heroína. A su vuelta, un enfurecido Tekebayev culpó al Gobierno de su detención, lo que obligó a Bakiyev a organizar una comisión para estudiar el incidente. El informe final señalaba como principal responsable al Servicio de Seguridad Nacional kirguís, dirigido por Janybek Bakiyev, el hermano del presidente, iniciando una cadena de protestas que ha terminado esta misma semana.

RESPUESTAS NECESARIAS

A pesar de los avances, la situación todavía queda en el aire. El primer ministro, Felix Kulov, consideró el pasado jueves que la nueva Constitución, fue adoptada bajo presión y necesita aclaraciones. "El temor y la presión son malos ayudantes cuando llega la hora de tomar decisiones", indicó Kulov durante unas conversaciones con un enviado de la OSCE, Markus Mueller. "Muchos asuntos necesitan aclaración", agregó, en declaraciones recogidas por AP.

"La adopción de una Constitución en minutos merece estar en el Libro Guinness de los Records", explicó Kulov, en referencia a las dos rápidas votaciones el pasado miércoles en las que la Cámara aprobó las enmiendas. "Tenemos que ser prudentes para impedir empeoramientos infundados de la situación y la prevalencia de ambiciones insatisfechas sobre la razón", dijo.

Por su parte, el enviado de la OSCE dijo estar impresionado por encontrar que "los derechos de la población a manifestarse fueron respetados". "Ahora hay un fundamento mejor para continuar las reformas", señaló Mueller a los periodistas después del encuentro. "Hay muchas cuestiones sin resolver, como la corrupción o la transformación de la televisión estatal en un canal público, pero confío en que trabajarán en ello", agregó.

La solución, para ICG, comienza por conseguir la paz en las calles de la capital. Los analistas consideran imprescindible la creación de una declaración conjunta de los respectivos grupos que llamen a sus partidarios a desalojar de forma definitiva las dos grandes plazas de la capital. Es también imprescindible que la comunidad internacional obligue a Bakiyev a entablar un diálogo con la oposición, que deberá, por su parte, abstenerse de realizar "acciones provocadoras", como señala el informe, que podrían dar al Gobierno y a sus fuerzas de seguridad un pretexto para adoptar medidas drásticas.

MIRAR HACIA ADELANTE

Un aspecto fundamental a tratar será el de la mediación en las negociaciones. Para ello, el informe recomienda la visita de una delegación de la Unión Europea encabezada, concretamente, por su nuevo Representante Especial para Asia Central, Pierre Morel; y por el secretario general de la OSCE, Karel de Gucht, para determinar el alcance y profundidad de la intervención internacional en la crisis kirguís.

Para los expertos de ICG, el proceso de reforma constitucional era necesario. Sin embargo, el informe hace notar que un incremento radical de las competencias parlamentarias podría llevar al país a un desequilibrio sin precedentes. La Cámara Baja pasa de ser una institución meramente testimonial a convertirse en un poder efectivo, que podría asumir una responsabilidad para la que no está preparada, dada su juventud. Por lo tanto, como señala el informe, este paso adelante "no debe desarrollarse en el vacío".

Así, junto a la reforma legislativa, el sistema judicial kirguís necesita de una revisión completa, comenzando con la reforma del cuerpo Policía, y prosiguiendo con los tribunales y el sistema penal. Esto debe ser así porque, tal y como refleja el documento, "un sistema político independiente, sin prejuicios y transparente es imprescindible para el desarrollo de la democracia".

Finalmente, el informe advierte del peligro real que supone la guerra civil en el país, un conflicto que podría desembocar en una crisis humanitaria en Asia Central y que, peor aún, serviría de justificación para otros países, para seguir ejerciendo su política de control político y supresión de las fuerzas opositoras. El documento, sin embargo, concluye con una nota esperanzadora: que Kirguistán podría convertirse en el referente político a seguir en la región, si las reformas ansiadas se llevan a cabo con éxito.